El Gobierno anunció este lunes que extenderá la emergencia del Sector Energético Nacional hasta el 9 de julio de 2026. Además, confirmó que se mantendrá la intervención de los entes reguladores hasta la constitución del nuevo Ente Nacional Regulador Del Gas y la Electricidad, un nuevo organismo que tiene como objetivo centralizar y simplificar la regulación de los servicios.

La medida fue oficializada esta madrugada mediante la publicación del Decreto 370/2025, en el Boletín Oficial. “Prorrógase la emergencia del Sector Energético Nacional declarada por el Decreto N° 55 del 16 de diciembre de 2023 y prorrogada por el Decreto N° 1023 del 19 de noviembre de 2024, en lo que respecta a los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal y de transporte y distribución de gas natural y las acciones que de ella deriven, hasta el 9 de julio de 2026, y con el alcance previsto en los decretos precitados”, indica el documento.

En esa línea, con esta medida, se pretende avanzar con la reducción gradual de subsidios y su focalización en usuarios vulnerables manteniendo la intervención del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), hasta el 9 de julio de 2026 o hasta la constitución del futuro Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, que absorberá a ambos, “lo que ocurra primero”.

En ese sentido, el objetivo de esta medida es que la Secretaría de Energía, en su carácter de autoridad de aplicación, “continúe dictando todos los actos que se requieran para la implementación de lo dispuesto en dicha norma, para la reestructuración del régimen de subsidios a la energía y para definir los mecanismos específicos que materialicen la asignación y efectiva percepción de los subsidios por parte de los usuarios”.

En tanto, el Ejecutivo, a través de esta normativa, invitó “a las provincias a coordinar con la Secretaría de Energía las acciones de emergencia necesarias para asegurar la prestación de los servicios de distribución de electricidad que correspondan a su jurisdicción, así como la aplicación de las medidas que resulten de la reestructuración de los subsidios”.

El Gobierno remarcó que “recibió una herencia institucional, económica y social gravísima, por lo que continúa siendo imprescindible adoptar medidas que permitan superar la situación de emergencia generada por las excepcionales condiciones económicas y sociales que la Nación padece, especialmente como consecuencia de un conjunto de decisiones intervencionistas adoptadas por administraciones anteriores”.

Y agregó: “en lo que respecta al sector energético, y tal como se verifica en el tenor de las acciones adoptadas hasta el presente, la referida herencia se ha verificado en la vulnerabilidad y el estado crítico en tres aspectos claves: en el sistema económico recaudatorio; en la funcionalidad de las instalaciones para asegurar el suministro actual y futuro, y en la falta de señales de mercado para la oferta y la demanda”.

Ante esto, señalaron que es necesario extender la declaración de emergencia por un año para "permitir que los órganos competentes sigan adoptando las medidas necesarias para asegurar la continuidad en la prestación de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y de gas natural”.

En este contexto, especificaron que esta prórroga establecida por el Ejecutivo "contribuirá a erradicar en forma definitiva la opacidad de las tarifas finales y la confusión conceptual entre los montos efectivamente facturados a los usuarios y los subsidios”.