Este jueves, el Senado nacional sancionó la Ley de Financiamiento Universitario con 58 votos a favor, 10 en contra y 3 abstenciones, logrando una mayoría de dos tercios.

El propósito de la ley busca garantizar la protección y sostenimiento del financiamiento de las universidades públicas mediante la actualización de sus presupuestos y salarios.

La ley establece que deben actualizarse presupuestos y salarios "al 1º de enero de 2025, según la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en el período comprendido entre el 1º de mayo al 31 de diciembre de 2024”, del “monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas”, con subas bimestrales para el 2025.

Además, la iniciativa establece que, un mes después de la sanción, se obliga al Ejecutivo a convocar a paritarias cada tres meses, asegurando actualizaciones mensuales no inferiores a la inflación para docentes y no docentes.

Además, se obliga al Ejecutivo "actualizar los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas entre el período 1º/12/2023 hasta la sanción de la presente ley, en un porcentaje que no puede ser inferior al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC en el mismo período”. Además, se establece que todo el incremento tendrá que “ser remunerativo y bonificable”.

El Ejecutivo tiene 10 días hábiles para promulgar o vetar la ley una vez que el Congreso la remita, aunque el veto podría demorarse hasta después de las elecciones bonaerenses.

La oposición planea insistir con la ley en caso de veto, aunque lograr los dos tercios en ambas cámaras sigue siendo un desafío. De todas formas, el debate sobre el Presupuesto Nacional 2025, que el presidente Javier Milei presentará en el Congreso, será clave para definir el financiamiento universitario a largo plazo.

 

La palabra de los senadores

 

El senador de Convicción Federal, Fernando Salino, sostuvo que "en los cinco meses de 2025, se transfirió un 22,5% menos de lo que fue en los primeros cinco meses de 2023”. En tanto , dijo que el Producto Bruto Interno (PBI) dos años atrás “fue 0,72%”, y “0,43%” en 2025, calculando un costo fiscal de la ley de 0,12% del PBI.

Por su parte, el senador de la Unión Cívica Radical, Maximiliano Abad, dijo que “si en 2024 se hubieran resuelto los reclamos sobre educación, salud y haberes jubilatorios, hoy estaríamos discutiendo los lineamientos de un modelo productivo integral para nuestro país, como una reforma tributaria profunda y la modernización del mundo del trabajo".

Pero aseguró que en la actualidad no pasa eso: "permanentemente retrocedemos, no avanzamos y el mundo en el cual estamos viviendo, que es muy duro y desafiante para los países emergentes, vivimos tirándonos tiros en los pies, con decisiones que nos perjudican”.

En tanto, dijo que “no es un tema de recursos" ya que "no faltan", pero se necesita "un marco legal que los ordene para las prioridades que los argentinos tienen". “Gobernar sin Presupuesto es como navegar sin GPS, sin brújula y se avanza a la deriva", señaló.

“Es un error monumental pensar que el crecimiento va a ser automático por exportaciones del campo, la minería o Vaca Muerta. Tenemos a dirigentes que estén haciendo la plancha esperando que venga una avalancha de dólares”, añadió.

Por último, el senador libertario Ezequiel Atauche reflejó la decadencia del nivel educativo universitario “Uno de cada 10 niños no sabe leer. En los niveles más bajos, uno de cada 5. Uno de cada dos no puede comprender textos, y todos estos datos ponen en evidencia los muchísimos años de malos manejos en el país”.

“Se pervirtió durante décadas y se utilizaron las aulas como lugares de lavado de cerebro y de disputa ideológica muy tristes. Se enseñaron cosas que no se debían enseñar”, agregó.

Y cerró: "El 4% de los egresados del país se producen en el 30% de las universidades, que se llevan el 55% del presupuesto en salarios".