Es oficial el veto de Javier Milei a las leyes de aumento a jubilados, la moratoria previsional y emergencia en discapacidad
El Poder Ejecutivo hizo oficial la decisión esta madrugada tras cumplirse el límite del plazo constitucional de diez días hábiles. En ese sentido, argumentaron en la disposición que la implementación de estas normas ponían en riesgo el equilibrio fiscal.
El presidente Javier Milei oficializó este lunes el veto a las tres leyes (27.791, 27.792 y 27.793), que fueron sancionadas por el Congreso el 10 de julio, que establecían aumentos en las jubilaciones y una suba en los bonos otorgados, reponían la moratoria previsional por dos años y la declaración de emergencia en discapacidad con nuevas pensiones no contributivas.
La decisión quedó establecida esta madrugada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 534/2025. El Gobierno aseguró a través de la normativa que las leyes aprobadas significaban un gasto adicional de más de 7 billones de pesos en 2025 y cerca de 17 billones durante 2026. Según sus cálculos, representan una suba del gasto del 1,68% del PBI.
En esa línea, el Ejecutivo destacó que las legislaciones ponían en riesgo el equilibrio fiscal, comprometían las metas económicas y también amenazaban la estabilidad del sistema previsional. Además, señalaron que las mismas carecen de fuentes de financiamiento suficientes y presentaron graves irregularidades en su tratamiento legislativo.
En ese sentido, recalcaron que las iniciativas fueron aprobadas en un contexto de “creciente presión electoral” e intensificación de campañas políticas, tanto a nivel nacional como provincial, de cara a las elecciones legislativas que llevarán a cabo en octubre.
De esta forma, la media confirmó la suspensión de un aumento real del 7,2% en haberes y pensiones, así como la suba del bono previsional, que pasaría desde los $70.000 a $110.000 y se actualizaría por inflación. Asimismo, planteaba la restitución por dos años de la moratoria, que permite que las personas que no cuenten con los 30 años de aportes puedan comprar los saldos faltantes para acceder al haber mínimo.
En paralelo, el DNU anuló el proyecto 27.793 que declaraba la emergencia nacional en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027, creaba una nueva pensión no contributiva compatible con el trabajo formal y establecía actualizaciones automáticas de aranceles y compensaciones para prestadores.
Según indicaron, su aprobación implicaría un gasto de más de 2 billones de pesos en 2025 y 4,7 billones en 2026, sin contemplar el impacto en el programa de atención médica “Incluir Salud”.
Por último, para mantener esta decisión presidencial, el oficialismo necesita el acompañamiento de dos tercios de al menos uno de los cuerpos parlamentarios. Para lograr esto mantiene conversaciones con los bloques aliados y los legisladores que responden a los gobernadores dialoguistas.
