La fiscalía pidió que Alberto Fernández sea enviado a juicio en la causa por violencia de género
El fiscal Ramiro González lo solicitó en un dictamen entregado al juez del caso Julián Ercolini. Cómo continuará la causa.
El fiscal federal Ramiro González solicitó el envío a juicio oral de la causa en la que el ex presidente Alberto Fernández fue denunciado por supuesta violencia de género y amenazas coactivas contra la ex primera dama Fabiola Yañez.
En un dictamen entregado al juez del caso, Julián Ercolini, el fiscal sostiene que la investigación está concluida y que corresponde que el ex mandatario sea juzgado. Fernández está procesado por dos hechos de lesiones leves y uno de lesiones graves, todos agravados por el vínculo y el contexto de violencia de género, abuso de poder y amenazas coactivas. También enfrenta cargos por coacciones para impedir que Yáñez denunciara.
Los fundamentos del pedido para elevar a juicio la causa contra Alberto Fernández por violencia de género
En su escrito, González sostuvo que se trató de una "investigación compleja" y que la acusación al ex presidente se basa en hechos ocurridos en una "relación asimétrica de poder" desde 2016.
Consideró que Fernández ejerció “de manera sistemática” violencia psicológica contra Yáñez, mediante “acosos, hostigamientos, controles, insultos, ninguneos y hostilidad”.
Entre las pruebas, el expediente de la causa incluye imágenes difundidas públicamente que muestran lesiones en el brazo y en el ojo derecho de la ex primera dama. También se incorporaron mensajes extraídos de manera forense del teléfono de Yáñez y de dispositivos vinculados al ex presidente. En esas conversaciones, se registran discusiones, recriminaciones y expresiones de control que, para la fiscalía, evidencian un patrón sostenido de maltrato.
Tras el dictamen emitido por el fiscal, el juez Ercolini dará ahora vista a la defensa para que se manifieste al respecto y luego resolverá si envía el caso a sorteo de tribunal oral.
Alberto Fernández está además procesado en la denominada causa Seguros por la firma de un decreto que permitió la intermediación de “brokers” en la contratación de pólizas para organismos públicos, un caso que está en etapa de apelación ante la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires.
