El Gobierno avanza en el Congreso con la discusión del proyecto conocido como “ley Hojarasca”. Esta iniciativa, liderada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, tiene como objetivo principal la derogación de diversas normativas.

Recientemente, el funcionario brindó detalles sobre las 70 leyes que se busca eliminar por ser consideradas “inútiles, obsoletas o que restringen nuestras libertades”. La propuesta fue enviada por el presidente Javier Milei al Congreso el pasado viernes, lo que marca otro paso significativo en la agenda de desregulación del Gobierno.

Un análisis realizado por el ministerio reveló la existencia de normativas que aún permanecen vigentes desde administraciones anteriores. En sus redes sociales, el expresidente del Banco Central bajo el gobierno de Mauricio Macri enfatizó que la propuesta busca desregular y simplificar el marco normativo actual.

“Cuantas más leyes, peor una sociedad. En el infierno no encontrarás más que leyes”, escribió Sturzenegger, responsable del DNU desregulador y de gran parte del contenido de la Ley Bases, citando al jurista estadounidense Grant Gilmore.

El proyecto de "Ley Hojarasca" está a cargo de Federico Sturzenegger, propulsor del DNU desregulador y de gran parte de la Ley Bases (Archivo).

El proyecto de ley Hojarasca incluye la derogación de normativas históricas que impactan en la “libertad individual” y el funcionamiento del Estado. Entre las leyes que se propone suprimir se destaca la ley 18.832 de 1969, promulgada durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, que “creó un fondo para controlar la producción de papel de diarios y condicionar a la prensa escrita”.

Asimismo, se busca eliminar la ley 14.034, que impone penas a quienes “por cualquier medio propiciare la aplicación de sanciones políticas o económicas contra el Estado argentino”. Esta impone penas de prisión para aquellos argentinos que defiendan los derechos humanos en foros internacionales.

También se propone derogar la ley 20.120, que “habilita al Estado a prohibir reuniones privadas entre ciudadanos”, y la ley 19.787 de 1972, que “restringe la libre elección de temas musicales en la programación de las radios”.

Otras leyes en la mira son las del gobierno de María Estela Martínez de Perón, incluyendo la ley 20.802, que “impide la libre circulación por el país”, y la ley 20.959, que “deroga el permiso de libre estacionamiento para legisladores en todo el país”.

Desde la cartera que conduce Federico Sturzenegger, se explican seis motivos para impulsar la derogación de estas leyes. Primeramente, se mencionan las leyes que limitan la libertad individual y estringen el derecho de propiedad. Segundo, se busca eliminar trámites inútiles y sin sentido.

Tercero, se argumenta que algunas leyes fueron superadas, actualizadas y mejoradas por otras leyes posteriores. Cuarto, se destacan aquellas que en la actualidad son obsoletas por los cambios tecnológicos. Quinto, hay leyes que dejaron de tener sentido porque definen obligaciones para instituciones que dejaron de existir.

Por último, se pretende eliminar leyes que crean organismos con financiamiento público cuando deberían solventarse a sí mismos.

Según un gráfico compartido, la distribución de las leyes propuestas para derogar abarca distintas administraciones de la siguiente manera:

• Isabel Perón (1974-1976): 5 leyes.
• Alejandro Agustín Lanusse (1971-1973): 5 leyes.
• Reynaldo Benito Bignone (1982-1983): 5 leyes.
• Héctor José Cámpora (1973): 3 leyes.
• Juan Carlos Onganía (1966-1970): 3 leyes.
• Carlos Menem (1989-1999): 3 leyes.
• Raúl Alberto Lastiri (1973): 3 leyes.
• Jorge Rafael Videla (1976-1981): 5 leyes.
• Arturo Frondizi (1958-1962): 3 leyes.
• Néstor Kirchner (2003-2007): 3 leyes.

Este lunes, a través de X (ex Twitter), Sturzenegger destacó varias normas que el Gobierno busca derogar. Entre otras, la Ley N° 20.802 (1974), que permitía la detención de personas para “averiguación de antecedentes” si no contaban con un supuesto carné de mochilero. 

Otra normativa relevante es la Ley N° 20.959 (1975), que otorga a senadores y diputados la libertad de circulación y estacionamiento. Además, también se buscará derogar la Ley N° 22.964 (1983), que permite la internación forzosa de enfermos de lepra. Según el Gobierno, esta última norma “estigmatiza a quienes padecen una enfermedad” y “viola en forma flagrante los derechos reconocidos por la Constitución Nacional”.