Familiares de los 16 detenidos e imputados por los hechos violentos ocurridos el pasado 12 de junio, en las adyacencias del Congreso nacional y mientras se debatía la Ley Bases, reclamaron la liberación "inmediata" de todos ellos bajo el lema "presos políticos nunca más".

El círculo familiar de los detenidos, allegados y miembros de asociaciones civiles y organismos sociales realizaron una manifestación en la puerta del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), ubicado en Piedras 730 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Allí se convocaron bajo el lema "presos políticos nunca más" en reclamo de la libertad inmediata de los restantes detenidos tras el conflicto entre manifestantes y efectivos policiales, el pasado miércoles, en las inmediaciones del Congreso, en pleno debate en el Senado por la Ley Bases.

"Libertad a los presos por luchar", uno de los cánticos entonados en el SERPAJ en reclamo de la liberación de los "detenidos ilegalmente", por decisión de la jueza María Servini, durante la jornada parlamentaria y el rechazo de los manifestantes al proyecto oficialista.

Los familiares y allegados de los 16 detenidos añadieron que no pertenecen a "ninguna bandera partidaria" y que se hicieron presentes en el edificio de la organización social para exigir la liberación "inmediata" de los imputados por lesiones, daños, estrago y delitos contra la seguridad, entre otras transgresiones.

La lista de los 16 detenidos se compone de la siguiente manera: Daniel Sica, Patricia Calardo Arredondo, Juan Ignacio Espinetto, Camila Juárez, Nicolás Mayorga, Saya Lyardet, Héctor Mallea, Cristian Dario Ferreira, Juan Pablo Colombo, María de la Paz Cerruti, Ramona Tocaba, Lucía Belén Puglia, Cristian Valiente , Facundo Exequiel Gómez Gabriel Famulari y Roberto María de la Cruz.

Por lo pronto, asociaciones civiles y organismos sociales convocaron una movilización hacia la Plaza de Mayo para el próximo martes 18, desde las 16:30.

La semana pasada, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) reclamó  que los imputados sean trasladados a cárceles del servicio penitenciario federal "sin hechos ni pruebas", y que la decisión de la jueza Servini se trata de una "escalada penal arbitraria y peligrosa".

"El objetivo es político: infundir miedo a cualquiera que se movilice contra el gobierno", ratificó la organización social exigiendo que se "dicte las excarcelaciones para que todas las personas sean inmediatamente puestas en libertad y que ponga fin a este proceso de criminalización sin pruebas ni fundamentos".