En un episodio que se desprende del pedido de condena a 12 años de cárcel a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en el marco del juicio conocido como Causa Vialidad, el presidente, Alberto Fernández, recibió esta semana una carta del Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, donde lo acusa de tener expresiones que son "una clara perturbación en el ejercicio de sus funciones”. El jefe de Estado, quien dejó claro su respaldo a la ex presidenta ante la "persecusión judicial", respondió esta tarde con dureza esa misiva.

Fernández le aclaró a Casal través de un texto difundido por Presidencia de la Nación que "dichas expresiones en modo alguno pueden ser interpretadas en el sentido de querer condicionar el accionar de un funcionario". "Ello queda claro toda vez que fueron vertidas cuando el Fiscal de la causa ya había finalizado su alegato en el proceso", repasó.

Y dejó en claro: "El Poder Judicial, sus magistrados y funcionarios no están ni podrán estar exentos de críticas y opiniones en una sociedad democrática".

 

 

Días atrás, Casal había considerado una "perturbación" las manifestaciones que Alberto Fernández formuló sobre la actuación del fiscal Diego Luciani en el juicio que se sigue por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, entre 2003 y 2015, y que tiene como imputada a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El procurador Casal le hizo llegar al Presidente su parecer en una carta que le entregó al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, al cruzarse en un canal de televisión. Fue en respuesta a las declaraciones que Fernández había hecho durante una entrevista en un canal de cable que fuera de contexto, en las redes sociales, se difundió así: “Nisman se suicidó, yo espero que no haga algo así Luciani”.

 

El procurador Casal citó ayer de urgencia a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola para brindarles apoyo institucional.

 

Para Casal, “esas expresiones no solo importan un menoscabo a la independencia y autonomía de este Ministerio Público Fiscal, sino que constituyen una injerencia indebida en el tramite de un proceso por cuya legalidad esta misma Institución tambien debe velar (art. 120 de la Constitución Nacional), y que al mismo tiempo afecta el principio republicano de división y respeto de poderes”.

 

Alberto Fernández acusó a Eduardo Casal de tener "doble vara" y dio ejemplos

 

Alberto Fernández le escribió a Casal que "lejos de importar un 'menoscabo' a la independencia y a la autonomía, o una injerencia indebida en el proceso", las declaraciones "constituyen una expresión de lo que observa una gran parte de la ciudadanía: que, a la hora de actuar, muchos magistrados y funcionarios de la justicia federal prestan más atención a determinados intereses fácticos y/o políticos, que a las normas vigentes, y que esta situación hiere a la democracia que tanto esfuerzo y dolor nos costó conseguir a argentinos y argentinas".

 

 

 

Fernández consideró que "el Sr. Procurador expresa su preocupación por una supuesta injerencia por parte del Presidente de la Nación en un proceso penal, pero no lo ha preocupado, ni ha visto injerencia alguna cuando el expresidente Mauricio Macri, estando en ejercicio del cargo, recibió al imputado Luis Chocobar en la Casa Rosada".

"Y, mientras transcurría el juicio en el que este terminó condenado, publicó en su cuenta oficial de Twitter que 'lo acompañamos y que confiamos en que la justicia en otra instancia lo liberará de todo cargo, reconociendo su valentía'", refirió.

Fernández recordó que "tampoco llamó la atención del Sr. Procurador que el expresidente Mauricio Macri, también en ejercicio de sus funciones presidenciales, directamente instruyera a su Ministro de Justicia para que iniciara juicio político al juez Alejo Ramos Padilla".

"Y manifestara (textual) 'creemos que no es un juez que actúe con ecuanimidad, que se prestó a un show mediático político', al tiempo que le advertía al Consejo de la Magistratura que 'Ramos Padilla ya ha hecho varias y realmente espero que el Consejo, con todas las pruebas que hay, evalúe seriamente destituirlo'", agregó.

 

 

 


"Puede observarse que, en este caso, no se trataba simplemente de la opinión del ex presidente, sino de un pedido expreso de destitución de un juez que recién comenzaba una importante investigación sobre graves acciones de espionaje ilegal", completó el jefe de Estado.

Reseñó que "en ese mismo caso el Sr. Procurador Adjunto fue convocado por el Congreso Nacional por su complacencia con un fiscal al que le permitió mantenerse en rebeldía por casi nueve meses y que luego resultó procesado en varias instancias", en relación a Carlos Stornelli, actualmente procesado por espionaje ilegal.

Según Fernández, "el celo que muestra en su carta el Sr. Procurador Adjunto respecto del cuidado de los procesos penales hubiera sido importante, para la salud democrática de nuestro país, que se plasmara también en impulsar investigaciones transparentes respecto de las motivaciones reales que tuvieron algunas visitas realizadas por destacados miembros del Poder Judicial al ex presidente Mauricio Macri en la quinta de Olivos y también en la Casa Rosada".

En concreto, se refirió al "rol que tuvo el prófugo (Fabián) 'Pepín' Rodríguez Simón y otros ex funcionarios en la llamada 'Mesa Judicial' y en garantizar la imparcialidad de quienes intervienen como magistrados y funcionarios en los procesos penales, máxime en el ámbito de la justicia federal, cuando se encuentran bajo investigación dirigentes políticos".

El mandatario subrayó que "en todos estos casos es imprescindible que los procesos sean transparentes y que los funcionarios y magistrados intervinientes no se encuentren bajo sospecha de actuar movidos por intereses ajenos a la búsqueda de la verdad".

 

 



Y amplió: "Esta doble vara para medir hechos institucionales y esta sistemática asimetría en las posturas adoptadas por parte de algunos importantes magistrados y funcionarios de la justicia federal e incluso del propio Sr. Procurador Adjunto frente a los distintos actores políticos, tornan aún más necesario que se abran estos debates para cuidar la salud de la democracia y para que en la región no vuelva a ocurrir la afectación de los procesos electorales y de la vida democrática de la sociedad por la actuación de la justicia con intereses políticos y/o fácticos".

A su vez, comparó la situación que atraviesa Cristina con la del ex presidente y actual candidato presidencial de Brasil, Lula da Silva, quien fue “condenado y encarcelado injustamente, y por lo tanto proscripto para participar en las elecciones”.

"Ahora hemos tomado cabal conocimiento de que aquel proceso penal, tal como concluyó el Supremo Tribunal Federal de Brasil y el Comité de Derechos Humanos de la ONU, fue en verdad una persecución judicial, mediática y política que tuvo como finalidad impedir que Lula fuera candidato a presidente y condujera los destinos del país por el voto popular".

Recordó que "el proceso penal que había encarcelado a Lula fue declarado nulo, pero para ese entonces las elecciones ya habían ocurrido con uno de los principales candidatos en prisión y sin la posibilidad de participar en la contienda electoral".

 


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