Por Luis Autalán 
lauatalan@cronica.com.ar 

Cuando se ponga en marcha el nuevo período ordinario de sesiones, el oficialismo en la Cámara de Diputados deberá tomar una decisión sobre el pedido de desafuero que pesa sobre la legisladora radical Aída Ayala, procesada en una causa que investiga el delito de lavado de dinero.

El tema permanece sin definición en el seno de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja, que preside el diputado macrista Pablo Tonelli, pero podría reactivarse si los tribunales competentes aceptan la presentación que hizo el fiscal federal de Resistencia, Pedro Sabadini.

Las comisiones del Congreso comenzarán a reunirse en marzo, después de la apertura del período 137 de sesiones ordinarias, que se concretará el viernes con el discurso del presidente Mauricio Macri ante la Asamblea Legislativa. La semana pasada se conoció que el fiscal presentó un escrito, en el que consideró que Ayala (ex intendenta de Resistencia entre 2003 y 2015) podría entorpecer el accionar de la Justicia y que por ello debería estar presa.

La legisladora está procesada por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración, incumplimiento de deberes de funcionario público y lavado de activos.

La sospecha del magistrado radica en que durante octubre pasado, antes de que una pericia fuera incorporada a la causa, la diputada radical se refirió a ese informe en declaraciones periodísticas. En ese sentido, solicitó la nulidad de la pericia cuyos resultados habrían sido conocidos por Ayala antes que por la jueza de la causa, Zunilda Niremperger.

La magistrada había ordenado analizar la información sobre perfiles y extractos bancarios de los imputados, extraída de soportes informáticos secuestrados en distintos allanamientos. La legisladora está procesada por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración, incumplimiento de deberes de funcionario público y lavado de activos.

Es la causa se investiga un negociado que se habría concretado en 2014, para beneficiar a una empresa de recolección de residuos en la capital chaqueña. También fueron procesadas otras 14 personas.