El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, presentó este miércoles una denuncia penal por los supuestos delitos de “tráfico de influencias” e "incumplimiento de los deberes de funcionario público” contra Silvio Robles, vocero del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro.

En la presentación, realizada ante los tribunales federales de La Plata, Kicillof señala que la decisión de la Corte Suprema de alterar los índices de reparto en la recaudación tributaria afecta particularmente a la provincia de Buenos Aires, que "es históricamente la más perjudicada por el esquema de coparticipación, situación que ahora se ve agravada por una decisión injusta e ilegal de la Corte Suprema".

El daño a las cuentas de la Provincia hizo que Kicillof se reuniera con varios funcionarios del Gobierno nacional, entre ellos el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, para manifestar su inquietud.

 

 

Kicillof remarcó en su presentación que ese fallo habría sido producto "del tráfico de influencias de funcionarios de la Corte Suprema y del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

 

 

"Pretenden así quitarle recursos que les corresponden a las provincias para otorgárselos a la ciudad más rica del país y financiar la campaña presidencial del Jefe de Gobierno", sostuvo el texto difundido por el Ejecutivo provincial, al referirse a Horacio Rodríguez Larreta.

  La denuncia penal de Axel Kicillof contra Silvio Robles y Marcelo D'Alessandro: qué decían los chats

 

Con esos términos el gobernador se refirió a la filtración de chats atribuidos a D’Alessandro, en los que Robles les sugería estrategias a seguir por el Gobierno porteño para obtener una sentencia favorable en la demanda contra la Nación por los porcentajes de coparticipación federal. Tras la difusión de esos chats, el ministro pidió licencia en su cargo con el fin de "preparar la defensa para demostrar la falsedad de las operaciones infames".

Ese fue uno de los fallos, además, en los que se basó el presidente Alberto Fernández para pedir al Congreso que inicie el juicio político a la Corte Suprema de Justicia.

En la denuncia, el Gobierno provincial también pide que se allane “al Ministerio de Justicia y Seguridad de CABA, a los fines que proceda a la localización de toda documentación o instrumento que sea pertinente y de interés para la presente causa”, y el secuestro de teléfonos móviles “personales y/o corporativos de los denunciados”, a los fines de ”proceder a sus pericias respectivas que, permitan reconstruir la información y la vinculación que en la presente denuncia se formula”.

 

 

En ese tono, requiere que se investigue a los denunciados por la “probable comisión de los delitos tipificados en los artículos 248, 256 y 256 bis del Código Penal”.

La denuncia se suma a la que el gobierno nacional presentó el pasado 6 de enero contra D' Alessandro por la posible comisión de los delitos de "incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y exacciones ilegales" en función del contenido de los chats que fueron difundidos por los medios de comunicación.