El Ministerio de Capital Humano, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, intimó a los rectores de las universidades nacionales a informar las medidas adoptadas para asegurar el derecho a la educación frente a los paros docentes. 

La cartera que conduce Sandra Pettovello manifestó su preocupación por la suspensión total de actividades académicas en distintas instituciones del país, advirtiendo que los recursos presupuestarios nacionales deben cumplir con los fines educativos establecidos por ley. 

Exigencia de alternativas pedagógicas

El Gobierno nacional requirió a las autoridades universitarias la presentación de un plan de contingencia que incluya una garantía de acceso para aquellos docentes que decidan no adherir a las medidas de fuerza.

El objetivo oficial es evitar que los estudiantes pierdan la regularidad o sus turnos de examen debido a las protestas gremiales que, según el organismo, en ocasiones se extienden por semanas completas.

Entre las modalidades alternativas sugeridas por la Subsecretaría se encuentran la implementación de herramientas virtuales y la reprogramación de calendarios.

Estas acciones buscan que los alumnos puedan recuperar el dictado de clases perdido y mantener la operatividad del sistema educativo en todo el territorio de Argentina.

Financiamiento y operatividad del sistema

Desde la cartera de Sandra Pettovello señalaron que la situación reviste una "especial gravedad", vinculando el sostenimiento financiero de las casas de estudio con el cumplimiento efectivo de sus funciones. 

Según el comunicado oficial, el Estado nacional orienta sus fondos a la educación, lo que exige como "condición necesaria" que el sistema permanezca operativo.

En ese sentido, la intimación subraya la obligación de las universidades de velar por la "protección irrestricta del derecho de enseñar y aprender". 

El requerimiento formal presiona a los rectores para que el conflicto gremial no derive en un cese total de la actividad en las aulas, bajo la premisa de que el presupuesto asignado garantiza el funcionamiento del servicio educativo.