Este miércoles desde las 10 se realizó la primera audiencia en la Cámara de Diputados sobre la reforma a la Ley de Glaciares, un proyecto que ya cuenta con media sanción del Senado.

Desde la mañana se implementaron cortes de tránsito en los alrededores del Congreso a cargo de las fuerzas de seguridad debido a la movilización convocada por organizaciones ambientalistas para exigir mayor participación ciudadana.

Es que, pese a que hubo una inscripción récord de más de 100.000 personas, solo 200 expondrán este miércoles en forma presencial y otras 200 este jueves podrán hacerlo de manera virtual. El resto de los inscriptos deberá enviar un video de hasta cinco minutos o un documento escrito que será incorporado al expediente legislativo como insumo para el debate.

Con críticas a la reforma, comenzó la primera audiencia

La audiencia comenzó minutos después de las 10, encabezada por los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales, José Peluc y Nicolás Mayoraz, quienes brindaron detalles sobre cómo se llevará a cabo la audiencia. En este punto, anunciaron que los expositores no podrán extenderse más de cuatro minutos. Además, indicaron que la jornada finalizará cuando expongan todos los convocados para este miércoles.

El primero en exponer fue el petrolero de Chubut Marcelo Arteaga quien expresó su negativa a la iniciativa impulsada por el gobierno de La Libertad Avanza y recalcó que "el agua es vida".

En la misma sintonía, la secretaria de Ambiente y Cambio Climático de La Pampa, Vanina Basso, remarcó que el debate sobre la Ley de Glaciares "es central" y consideró que "no es un constitucional, ético ni responsable flexibilizar el cuidado de los glaciares". "Sin agua no hay presente ni futuro", subrayó.

A continuación, el ingeniero de Mendoza Gabriel Cabrera sostuvo que "la ley es defectuosa", mientras que el abogado de Tucumán Arturo Cuello hizo hincapié en las limitaciones impuestas a la participación ciudadana.

Por su parte, la presidenta comunal Villa Cerro Azul en Córdoba, Natalia Di Pace, advirtió que "es una ley que va a tener muchos problemas por los amparos que va a generar". "Estamos en una situación ambiental de precariedad y va a ser peor", enfatizó.

El primero que se manifestó a favor de la iniciativa en la audiencia, fue el ministro de Producción sanjuanino, Gustavo Fernández. "San Juan es una provincia montañosa y desértica. Estamos comprometidos con la defensa del agua y los glaciares pero la geografía nos define y la minería resulta una actividad ineludible", apuntó.

Organizaciones ambientalistas marchan al Congreso: qué calles están cortadas

Desde la mañana de este miércoles, hay cortes de tránsito en la zona del Congreso que afectan distintos accesos y cruces clave en las inmediaciones del Palacio Legislativo, por lo que se recomienda evitar la zona o circular con demoras.

Entre los puntos con cortes figuran Avenida Entre Ríos y Adolfo Alsina, Combate de los Pozos y Adolfo Alsina, Hipólito Yrigoyen y Sarandí, Avenida Rivadavia y Sarandí, Riobamba y Mitre, y Avenida Callao y Mitre.

El fuerte operativo de seguridad dispuesto por el Gobierno se debe a que distintas agrupaciones convocan a una movilización frente al Congreso bajo la consigna "Hacer fila hasta que nos dejen hablar". La protesta arrancará a las 17 para reclamar la extensión de las audiencias para que haya mayor participación.

En este marco, un grupo de particulares presentó una demanda que cayó en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 5, a cargo del juez Enrique Regeuira, quien rechazó la medida solicitada para suspender las audiencias públicas presentada por el abogado Jonatan Baldiviezo, junto con la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad y la ingeniera María Eva Koutsovitis.

También solicitaron una medida cautelar las organizaciones ambientalistas, en una presentación que recayó en el Juzgado Contencioso N° 7, a cargo de Enrique Lavié Pico, quien aún no se expidió sobre ese pedido. 

Las organizaciones Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, la Red Universitaria por la Crisis Climática y Greenpeace solicitaron que se ordene "al Congreso garantizar la participación oral de la totalidad de los inscriptos en la audiencia pública convocada a los efectos de recibir opiniones".

El proyecto de reforma, que ya cuenta con media sanción del Senado, propone introducir cambios en la protección de las zonas periglaciares. La iniciativa busca acotar el alcance de la normativa vigente, limitando la protección a aquellas formaciones que cumplan una función hídrica comprobable. También plantea otorgar mayor protagonismo a las provincias en la actualización del inventario de glaciares, una tarea que actualmente realiza un organismo científico nacional.

Fuerte rechazo al proyecto de modificación

El abogado ambientalista Enrique Viale advirtió sobre la presencia de grandes compañías internacionales detrás de los desarrollos mineros en el país. Según detalló, entre los actores involucrados se encuentran Vicuña, Barrick Gold y Glencore. En particular, señaló que el proyecto Vicuña, emplazado en la provincia de San Juan, implicaría un consumo diario de 174 millones de litros de agua.

En ese marco, Viale anticipó que impulsarán una denuncia contra la senadora Flavia Royón, quien está alineada con el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz. La acusación apunta a presuntas irregularidades por "incompatibilidad con la función pública y cohecho".

El letrado sostuvo que la legisladora mantiene vínculos laborales con la compañía Río Tinto a través de una consultora: "No representa a Salta, representa a las mineras".

Otra de las intervenciones fue la de Marta Maffei, autora de la vigente Ley de Glaciares, quien calificó la iniciativa en debate como un proyecto "regresivo en los términos de las leyes y tratados vigentes". Durante su exposición, citó un relevamiento de la Universidad de Zúrich que identifica "53 emprendimientos contaminantes arriba de los glaciares" en Argentina.

También advirtió que la propuesta vulneraría el artículo 41 de la Constitución Nacional, que establece los presupuestos mínimos de protección ambiental. Según explicó, la modificación trasladaría a las provincias la potestad de definir qué áreas poseen relevancia hídrica, lo que podría generar conflictos entre distritos que comparten recursos acuíferos.

"Este proyecto tiene una fachada de federalismo, pero hace que cada provincia haga lo que quiera con nuestros glaciares. Su pretexto del RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones) se decide que nuestra agua la utilizan como se les da la gana. No hay federalismo si el agua, que es interjurisdiccional, la administra la provincia que está cerca del glaciar y deja a todo el mundo río abajo en la seca", cuestionó.

Por su parte, el activista Emiliano Depetris, integrante de la asociación Acción Ambiental de Córdoba, expresó su rechazo a los cambios en la normativa y remarcó el impacto que la crisis hídrica puede tener incluso en regiones sin glaciares. "Córdoba no tiene glaciares pero sabe lo que es quedarse sin agua", afirmó.

En esa línea, profundizó: "Algunos pueden preguntarse qué tiene que ver Córdoba con los glaciares, y la respuesta es: todo. Córdoba no tiene glaciares pero sabe lo que es quedarse sin agua. Dependemos de nuestras cuencas, de nuestros ríos, de nuestros ciclos naturales. Sabemos lo que es atravesar sequías, ver nuestros ríos bajar, ver nuestros ecosistemas cada vez frágiles, el turismo que merma y la producción que decae".

Del Caño cuestionó la falta de expositores: "No quieren escuchar a nadie"

El diputado del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, expresó duras críticas tanto al contenido del proyecto oficialista como al desarrollo de las audiencias públicas, al considerar que la mayoría de las personas inscriptas no pudo participar.

Durante el debate, el legislador cuestionó enérgicamente al titular de la Comisión de Recursos Naturales, José Peluc, por la organización del proceso. "Dejaron afuera al 99,9% (de expositores). No quieren escuchar a nadie, ¿De qué está hablando? No me quiere dar la palabra, no me la de. Pero diga por lo menos que hay más de 100.000 inscriptos", lanzó a los gritos.

Ante ese planteo, Peluc respondió con tono irónico: "Es verdad la observación del diputado Del Caño, han habido más de 100.000 inscriptos. Es todo un éxito la convocatoria". Mientras intentaba ordenar la sesión, desde otros sectores se escuchó el reclamo: "¿Y por qué está el salón vacío?".

En paralelo, el Frente de Izquierda Unidad manifestó su respaldo al diputado y denunció irregularidades en la convocatoria. Según señalaron, "buscan impedir que se expresen las más de 100.000 personas que se anotaron y armar una audiencia completamente trucha con el lugar casi vacío".

"Queremos escuchar a todos. Somos miles los que rechazamos el saqueo y la contaminación que quieren imponer", concluyeron desde el espacio opositor.

Denuncia por censura en plena audiencia

La diputada de Unión por la Patria, Lucía Cámpora, denunció un episodio de censura durante el desarrollo de la audiencia, luego de que -según afirmó- se interrumpiera la exposición de la ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar.

El hecho ocurrió mientras la funcionaria cuestionaba el proyecto en debate. En ese contexto, su intervención se vio abruptamente interrumpida cuando sostenía que el oficialismo "necesita tener presa a Cristina (Kirchner) para que ustedes (diputados libertarios) puedan avanzar con esta pavada".

Tras lo sucedido, Cámpora expresó su rechazo en redes sociales con fuertes críticas a la organización del encuentro: "CENSURA NIVEL SI NO ME GUSTA LO QUE DECÍS, TE CORTO EL AUDIO". Además, agregó: "Recorte en cantidad de participantes y en contenido: la ministra Daniela Vilar nombra a Cristina y le cortan el audio".

En ese marco, la legisladora ironizó sobre el desarrollo de la jornada y concluyó: "La audiencia por la Ley de Glaciares viene muy democrática, eh", en referencia a un video donde se observa el momento en que se interrumpe el sonido de la exposición.