El fiscal general ante la Cámara Federal de Casación, Mario Villar, retiró este lunes el pedido para que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner cumpla en una cárcel la condena de seis años de prisión por la causa Vialidad.

A diferencia de lo solicitado por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, Villar pidió que la ex primera mandataria siga con arresto domiciliario, pero que se considere un cambio de domicilio para ese beneficio.

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El planteo de Villar llegó por escrito a los tribunales federales del barrio porteño de Retiro, poco antes de que comenzara la audiencia ante los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña en el primer piso del edificio.

 

En esa audiencia no sólo se debatía en el mediodía de este lunes el beneficio de la prisión domiciliaria sino también el régimen de visitas y la utilización de tobillera electrónica.

Villar, en su presentación, argumentó que, “en el momento actual, la condenada ya se encuentra gozando del beneficio de la prisión domiciliaria sin que hasta el momento se haya verificado incumplimiento alguno de las reglas de conducta impuestas”.

El fiscal general añadió que, “por no haberse quebrantado las condiciones del beneficio, no parece pertinente retrotraer la situación de la ejecución de la pena a una más gravosa que la actual”.

Pedido de cambio de domicilio para el arresto

Villar, en otro tramo de su escrito, advirtió que, “en lo que a una pretensión de mayor seguridad para la condenada respecta, es cierto que el domicilio actual no aporta mayores garantías; sobre todo si la condenada realiza numerosas salidas a su balcón que, aun con derecho a hacerlo, incrementa el riesgo”.

No obstante, insistió con que “la sustitución de su domicilio particular por un establecimiento carcelario supondría un retroceso en la modalidad de ejecución”.

El fiscal general, en ese marco, manifestó: “Creo desaconsejable imponer en este momento un cambio que redunde en desmedro del desarrollo personal de la condenada y su proyecto de vida”.

Por último, sostuvo: “Es por esto por lo que esta representación del Ministerio Público Fiscal no presenta oposición a que la pena se siga ejecutando en la modalidad de prisión domiciliaria siempre que la condenada se mantenga a derecho y, en especial, atendiendo a las reglas de conducta impuestas”.