Juan Ameri, el ex diputado nacional que debió renunciar a la Cámara por el escándalo que generó al besar en los senos a su pareja mientras se llevaba a cabo una sesión vía Zoom, fue condenado a un mes de prisión en suspenso por el hecho ocurrido en septiembre de 2020.

Así lo resolvió el juez federal Ariel Lijo, quien consideró al ex legislador por Salta autor del delito de “perturbación al ejercicio de funciones públicas” y le impuso un mes de prisión, sumado a que durante dos años debe estar sometido al control del patronato de liberados. 

El hecho ocurrió en septiembre de 2020. Ameri había sido registrado en una situación íntima, de explícita connotación sexual, mientras exponía su par Carlos Heller en la sesión remota que debatía la ley de defensa de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.

Inmediatamente después del episodio, Ameri fue suspendido, una decisión impulsada por el entonces presidente de la Cámara, Sergio Massa, y finalmente renunció a su banca ante la magnitud del escándalo. Fue reemplazado en el bloque del Frente de Todos por Alcira Figueroa.

Durante el juicio, la fiscalía pidió la pena de cuatro meses de prisión y la defensa la absolución, pues consideró que con su expulsión el ex diputado había pagado por el error cometido en aquel momento. 

En tanto, en su fallo el juez Lijo dio por acreditado el “dolo eventual” del ex diputado. “Estimo que el acusado se representó la posibilidad de que su conducta de contenido sexual causara la perturbación de la sesión deliberativa, y sin perjuicio de ello desarrolló la acción que en este juicio se le reprocha, la cual efectivamente concluyó en la interrupción del debate”, indicó el magistrado, postulado por el Gobierno nacional para integrar la Corte Suprema.

En cuanto a la determinación del monto de la pena a aplicar, Lijo señaló: “Pondero como agravante el carácter de diputado nacional de Ameri al momento del hecho. Como atenuantes valoro la falta de antecedentes, su actitud arrepentida inmediatamente luego del hecho y durante el debate, y las constancias que muestran contención familiar. Todo ello hace suponer un marco favorable de reinserción”.

Lijo le impuso al ex diputado la obligación, durante dos años, de fijar residencia y someterse al control del Patronato de Liberados de la Provincia de Buenos Aires.