Cuatro sindicatos del sector aeronáutico ratificaron y ampliaron ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) las denuncias contra el Gobierno de Javier Milei por "violaciones al derecho de huelga, el deterioro de las condiciones laborales y la persecución de los líderes sindicales".

Los gremios que hicieron las presentaciones fueron la Asociación Argentina de Aeronavegantes, Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Asociación del Personal Aeronáutico (APA) y la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA).

Juan Pablo Brey (Aeronavegantes), Pablo Biró (APLA), Rubén Fernández (UPSA) y Edgardo Llano (APA), reafirmaron su "compromiso inquebrantable" con la protección del derecho de huelga, reconocido como "una herramienta esencial de los trabajadores para defender sus derechos laborales, salariales y convencionales".

El enojo de los gremios aeronáuticos fue por las restricciones que la legislación libertaria introduce a los sectores laborales de servicios que declara como esenciales, como el transporte, la salud y la educación. Al ingresar en esa categoría, sus trabajadores deben cumplir con guardias mínimas y muy elevadas, lo que en la práctica implica la prohibición de hacer paros.

La norma tiene cláusulas tan controvertidas y restringe tantos derechos de los trabajadores, que fue judicializada por la CGT. Mientras se debate su constitucionalidad o no, su vigencia varía según distintos juzgados van haciendo lugar a las medidas cautelares de los gremios afectados y a los recursos extraordinarios que presenta el Gobierno.

Al respecto, Brey destacó el trabajo conjunto realizado desde el sector aeronáutico en la defensa de las condiciones laborales y de los derechos de todos los trabajadores del sector. En este sentido, afirmó que "sin derecho de huelga no hay libertad sindical plena" y que sin esta libertad "no es posible garantizar un trabajo digno".

Además, repudió cualquier intento de utilizar la declaración de esencialidad, contenida en la Ley de Reforma Laboral, como "un mecanismo para restringir o limitar el ejercicio legítimo de la acción sindical".

Y añadió: "La seguridad operacional y la prestación de servicios públicos no pueden ser justificativos para ignorar derechos fundamentales establecidos en la normativa nacional e internacional".