El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, cuestionó duramente la intimación del Gobierno nacional para que las autoridades académicas garanticen el dictado de clases a pesar de las medidas de fuerza gremiales.

La controversia se disparó tras una notificación del Ministerio de Capital Humano, que solicitó a los rectores detallar acciones para asegurar el derecho a la educación, sugiriendo alternativas como el uso de docentes no adheridos al paro, el dictado de clases virtuales y la reprogramación de calendarios.

A través de su cuenta en la red social X, Yacobitti respondió con ironía y dureza al planteo oficial: "Celebramos que por primera vez el Ministerio de 'Capital Humano' reconozca que en la Argentina no se está garantizando el derecho a la educación. Ese reconocimiento expone una realidad aún más compleja: hoy están en riesgo derechos constitucionales fundamentales".

El dirigente universitario denunció que el Ejecutivo "carece de un plan educativo claro y consistente" y sostuvo que, paradójicamente, la gestión de Javier Milei "desfinancia y desarticula el sistema".

Además, acusó al Gobierno de incurrir en una política "ilegal" al incumplir la Ley de Financiamiento Universitario, ratificada recientemente por la Justicia.

En ese sentido, remarcó que "la garantía del derecho a enseñar y aprender requiere, como condición indispensable, el financiamiento por parte del Estado nacional".

Para el vicerrector, el funcionamiento de las aulas no depende de las directivas del Ministerio, sino del compromiso de la comunidad educativa: "Las universidades siguen abiertas, sostenidas por el enorme esfuerzo de profesores, investigadores y no docentes. Lo saben los 2 millones de estudiantes y toda la sociedad".

Finalmente, advirtió que "no van a desviar el eje de la discusión con provocaciones" y ratificó el llamado a la movilización masiva del próximo 12 de mayo en defensa de la educación pública.

La postura del Gobierno

Desde la Subsecretaría de Políticas Universitarias justificaron el requerimiento alegando la necesidad de proteger la regularidad de los alumnos y las instancias de evaluación.

"Se observa con extrema preocupación la suspensión total de la actividad académica que se registra en universidades a lo largo del país. Por ello, se ha requerido a los rectores que informen un plan de contingencia", reza el documento oficial enviado a las casas de estudio.

El conflicto de fondo sigue siendo el deterioro salarial. Cabe recordar que, a comienzos de año, los gremios docentes rechazaron de plano una oferta salarial del 12% en cuotas hasta octubre de 2026, argumentando que la pérdida del poder adquisitivo entre 2024 y 2025 ya supera el 50%.