Dictan la inhibición de bienes de Alberto Fernández por la Causa Seguros
El juez federal, Julián Ercolini, resolvió la inhibición de los bienes del ex mandatario en la Causa Seguros, al igual que el de los intermediarios.
La Justicia dictaminó en la noche de este martes la inhibición de los bienes del ex presidente Alberto Fernández en la Causa Nación Seguros S.A.
Así lo decidió el juez federal Julián Ercolini, al tiempo que una medida similar se aplicó para otros ex funcionarios y varios empresarios vinculados a la investigación.
En tanto, el juez pidió que se levante su secreto fiscal y bancario, al igual que el de las personas y empresas afectadas por la inhibición general de bienes.
Se trata del ex director de Nación Seguros, Alberto Pagliano, de los brokers (intermediarios) Pablo Torres García; Héctor Martínez Sosa —al igual que su esposa y ex secretaria de Fernández, María Cantero—a los responsables de las empresas Bachellier, San Ignacio, Castello Mercuri, San German, entre otras firmas.
En el listado de inhibición de bienes figuran dos ex funcionarios de Nación Seguros: Mauro Tanos, un ex integrante de La Cámpora promovido por el actual Gobierno a gerente general; y Marcos Eufemio, que funcionaba como gerente de compras. Ambos fueron dados de baja el pasado fin de semana.
Además, el juez Ercolini solicitó ante la Oficina de Anticorrupcion las declaraciones juradas anuales integrales, tanto de caracter publicas y privadas, del ex presidente, Pagliano, María Cantero, Tanos y Eufemio, desde 2009 hasta la actualidad.
Hasta el momento, el juez Ercolini mantiene dos causas activas por los seguros, en el que la primera fue presentada por la abogada Silvina Martínez y revisada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 10, por "la presunta comisión de los delitos de violación a los deberes de funcionario público y abuso de autoridad y malversación de caudales públicos".
La otra denuncia fue planteada por el Gobierno nacional por la causa de los seguros en la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), caratulada como administración fraudulenta y según el fiscal Ramiro González, hubo "perjuicio al Estado Nacional por comisiones, costos de intermediación en pólizas de seguros contratadas con Nación Seguros S.A. en el marco de la operatoria ‘Créditos ANSES' (Fondo de Garantía de Sustentabilidad)".
