Un proyecto de ley que baja la edad de imputabilidad para los delitos violentos a 15 años fue presentado en el Congreso por el diputado Diego Santilli. La norma introduce cambios en el Código Penal que afectan el sistema de Responsabilidad Penal Juvenil (RPJ, en la jerga judicial).

La norma se basa en la noción de justicia restaurativa, que atiende las necesidades de las víctimas y los autores o responsables del delito. En ese sentido prevé la intervención de equipos interdisciplinarios, bajo la consideración de que merece mayor relevancia el daño sufrido por la víctima y la comunidad que el mero hecho de haber infringido la ley.

 

 

Entre los fundamentos del proyecto, se cita que se busca “dejar atrás el modelo de justicia penal juvenil sancionado hace más de 40 años, que le ha valido a nuestro país condena ante los organismos internacionales” y que se sancione una ley en la que se respeten “los derechos humanos de las personas adolescentes, así como la necesidad de atender el fenómeno de la delincuencia juvenil”. Organizaciones como la Unicef, entre otras, vienen pidiendo esos cambios hace largo tiempo.

 

 

Por eso el texto propone que los adolescentes de entre 15 y 18 años que sean responsables de un delito deban realizar todas las medidas posibles para reparar el daño producido y que las víctimas (como también los representantes de la comunidad) tengan derecho a participar en ese proceso y eventualmente puedan proponer modos de reparar el perjuicio causado. Para el caso se sugieren diferentes medidas socioeducativas que puedan resolver, a través de la participación colectiva, las consecuencias del delito y sus implicaciones para el futuro.

 

Proyecto de baja en la edad de imputabilidad: cuáles son los derechos que se garantizan a los adolescentes

 

En el largo plazo, el proyecto propone que este tipo de procesos pueda llegar a su fin con una mínima intervención judicial, descomprimiendo de esta manera el fuero penal juvenil. De todas maneras, en caso de tener que realizarse un juicio, se establece un plazo máximo de dos años.

 

 

En particular, el artículo 6 fija para los adolescentes los derechos “a ser informado” y “a ser escuchado”. También se establece que “en ningún caso la persona adolescente imputada por la comisión de un delito debe ser sometida a una consecuencia material o jurídicamente igual o más gravosa que la que le corresponde a una persona adulta por el mismo hecho”.

Además de Santilli, diputado por la provincia de Buenos Aires, el proyecto también es firmado por otros representantes de juntos por el Cambio: Rogelio Frigerio, Waldo Wolff, Ricardo López Murphy, Graciela Ocaña, Alvaro González y Fernando Iglesias.