El Gobierno acude a la Corte Suprema para suspender la Ley de Financiamiento Universitario
Tras un revés en la Cámara, el Ejecutivo insiste en que la norma carece de partidas específicas y busca ganar tiempo ante el máximo tribunal.
El Gobierno nacional presentó hoy un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de suspender la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
La administración central busca revertir el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que obliga a la recomposición inmediata de salarios y becas. Desde la Casa Rosada sostienen que "la ley no precisa de qué partidas deben salir los fondos ni cuáles son las fuentes concretas de financiamiento para cumplirla".
Los fundamentos de la apelación oficial
La estrategia legal del oficialismo se apoya en el Decreto 647/2025, alegando que la normativa queda suspendida por la Ley 24.629 de administración financiera hasta que se definan los recursos correspondientes.
A pesar de que la Sala III de la Cámara dictaminó el pasado 31 de marzo que no se puede anular una ley posterior con una anterior, el Ejecutivo mantiene su postura para evitar que el presupuesto anual incurra en déficit.
En Balcarce 50 reconocen que este movimiento judicial tiene como fin ganar tiempo.
En paralelo, la mesa chica presidencial analiza impulsar un nuevo proyecto legislativo para rediscutir el costo fiscal de la norma y lograr una ejecución presupuestaria más reducida a la originalmente sancionada.
Ejecución mensual y el rol de las universidades
Mientras se aguarda la definición de la Corte Suprema, fuentes oficiales confirmaron que la adecuación de partidas se realizará de forma mensual hasta fin de año.
El plan del Gobierno es evitar un desembolso único y masivo, trasladando el grueso del impacto financiero al presupuesto 2026.
Desde la UBA coinciden en que la erogación será fragmentada y advierten que, por el momento, no se contempla el pago de un retroactivo pleno.
El sector académico manifiesta preocupación por la incertidumbre que genera la judicialización, ya que la apelación podría dilatar aún más los tiempos de implementación efectiva de las actualizaciones salariales.
Un escenario de alto voltaje político
La intervención del máximo tribunal no se limita únicamente a la cuestión educativa.
La Casa Rosada también impulsó un per saltum para intentar destrabar la reforma laboral, que actualmente se encuentra suspendida por la justicia.
De esta manera, la Corte Suprema de Justicia queda posicionada como el árbitro final en dos de las disputas de mayor peso político y social para la gestión actual.
