Tras la realización de la cuarta Marcha Federal Universitaria en todo el país, el Gobierno cuestionó la legitimidad del reclamo y remarcó el carácter político de la movilización. 

El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, señaló que la protesta fue impulsada por sectores de la oposición. 

En declaraciones radiales, el funcionario consideró que "la marcha no está cruzada por la política: es política", afirmó Álvarez, quien además sostuvo que la movilización fue organizada por partidos opositores con el objetivo de confrontar al Gobierno en materia de educación. 

Uno de los puntos clave del conflicto es la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso. Al respecto, el subsecretario sentenció que la normativa "nació muerta", porque incumple con los requisitos establecidos en la Ley de Administración Financiera del Estado. 

Según explicó el funcionario, toda norma que implique un gasto debe precisar el origen de los fondos destinados a tal fin, requisito que, según el Ejecutivo, no se cumple en esta legislación. 

Álvarez detalló que, ante la falta de especificación de los recursos, se aplica un protocolo. "La ley de ejecución presupuestaria marca que será promulgada y suspendida en el mismo acto", sostuvo, reforzando la decisión del Gobierno de no dar curso a la aplicación de la norma. 

También se refirió a la masividad de la convocatoria que tuvo la marcha (en la Ciudad de Buenos Aires alcanzó las 120.000 personas) y desestimó la relevancia del número de asistentes como factor determinante para modificar el rumbo oficial. 

El funcionario apeló al respeto por el orden republicano para justificar la posición del Gobierno. "De números no hablamos... Sino, votaríamos las leyes de acuerdo a quién hace la manifestación más grande. El orden republicano pretende evitar eso", manifestó el subsecretario. 

La crítica también apuntó a Anselmo Torres, rector de la Universidad de Río Negro y vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Álvarez cuestionó el perfil académico del rector, acusándolo de desempeñar un rol de "político profesional" . 

El subsecretario mencionó la vinculación de Torres con referentes de la oposición. "Tiene todas las fotos con Axel Kicillof", señaló. 

Asimismo, Álvarez criticó que, mientras se defiende públicamente el ingreso irrestricto, la universidad que conduce Torres mantiene un amparo judicial para limitar el cupo en determinadas carreras, calificando este accionar como una "hipocresía". 

Otro punto de fricción mencionado por el funcionario fue la distinción académica otorgada recientemente a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Álvarez cuestionó la decisión de las autoridades universitarias de concederle un doctorado honoris causa, vinculándolo nuevamente con la politización del acto. 

Finalmente, el funcionario defendió la gestión del Gobierno como un intento de preservar el sistema frente a quienes, según su visión, se han beneficiado del mismo de manera irregular. "Que no nos acusen a nosotros de querer destruir el sistema universitario cuando, en realidad, lo queremos salvar de quienes se aprovecharon de él y lo quieren llevar a la destrucción", concluyó.