El Gobierno oficializó este jueves una reestructuración del Ministerio del Interior. La disposición modifica el organigrama y los objetivos de sus principales áreas sin generar un aumento del gasto público ni de las unidades organizativas.

La decisión fue confirmada esta madrugada mediante el Decreto 85/2026, publicado en el Boletín Oficial. Con esta normativa, se actualiza el esquema establecido por el Decreto 50/2019 y redefine la estructura de primer y segundo nivel operativo del Ministerio del Interior.

En el texto oficial, se destaca que el objetivo principal es mejorar la gestión y adecuar el funcionamiento del área a las competencias actuales del Estado nacional.

Entre las principales modificaciones, se incorpora formalmente la Unidad Gabinete de Asesores y reorganiza secretarías y subsecretarías clave, como la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa, la Secretaría de Interior y la Secretaría de Provincias y Municipios. 

En ese marco, se establecen nuevas responsabilidades vinculadas a la transparencia, la integridad institucional y el acceso a la información pública, en línea con la Ley 27.275.

Además, la normativa aprueba la nueva estructura organizativa del Ministerio y reasigna, homologa e incorpora cargos dentro del Nomenclador de Funciones Ejecutivas del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP). También deja sin efecto disposiciones previas que regulaban estructuras anteriores, como parte del proceso de reordenamiento administrativo .

Por su parte, desde el Ejecutivo aclararon que la reestructuración no implica un incremento presupuestario, ya que los gastos que demande la implementación serán afrontados con los créditos asignados al propio Ministerio del Interior. En ese sentido, explicaron que se mantendrán de manera transitoria las áreas y dotaciones vigentes en los niveles inferiores.

Por último, la medida fue tomada en el marco de la estrategia del Gobierno de redefinir estructuras del Estado nacional, optimizar funciones y avanzar en una administración pública más eficiente, según los fundamentos expresados en el decreto presidencial.