El Gobierno nacional, a través de la Oficina Anticorrupción, aprobó este lunes la “Guía para la Elaboración de Programas de Integridad en el Sector Público Nacional”. De este modo, se busca fortalecer la integridad de las instituciones con lineamientos y estándares comunes para el diseño de políticas de ética y transparencia dentro de la administración pública. 

La medida quedó oficializada esta madrugada a través de la Resolución 12/2025 publicada en el Boletín Oficial. “Apruébase la “Guía para la Elaboración de Programas de Integridad en el Sector Público Nacional”, elaborada por la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia de la Oficina Anticorrupción en el marco del Observatorio de Políticas de Integridad", señala el artículo 1 del documento.

De este modo, la normativa, que lleva la firma del titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Erasmo Guillermo Melik, busca ofrecer lineamientos comunes para que cada organismo estatal pueda diseñar e implementar políticas de ética y transparencia en su funcionamiento diario.

En esa línea, destacan que la disposición define “lineamientos comunes y estándares de calidad para el diseño e implementación de dichos Programas, preservando la unidad de criterio, asegurando su eficacia y adecuación a las mejores prácticas internacionales”, en referencia a los Programas de Integridad que impulsen los distintos organismos y entidades del Sector Público Nacional.

La guía, elaborada por la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia de la OA, en el marco del Observatorio de Políticas de Integridad, cuenta con una serie de aportes de organismos públicos, universidades, organizaciones de la sociedad civil y el sector privado.

En el texto oficial, se especifica que esta medida abarca la Gestión de conflictos de intereses y declaraciones juradas, transparencia en contrataciones, participación ciudadana, mecanismos de denuncias y consultas accesibles. 

Asimismo, plantea la necesidad de construir una cultura organizacional basada en la ética, la apertura y la rendición de cuentas, que serán llevadas a cabo mediante procedimientos que permitan detectar desvíos, medir avances y promover mejoras continuas.

La OA sostuvo que ofrece herramientas prácticas y ejemplos de indicadores para que cada jurisdicción pueda adaptarlos a sus riesgos y particularidades. Es por eso que la intención del organismo es que las provincias y municipios también cuenten con este material como referencia para fortalecer sus propios programas de integridad. 

“Se trata de un instrumento que busca consolidar capacidades institucionales sostenibles en el tiempo, más allá de los cambios políticos o administrativos”, remarcaron. De esta forma, se espera que cada organismo pueda anticipar y mitigar riesgos, evitando que se produzcan hechos de corrupción que afecten la confianza ciudadana en las instituciones.

Por último, con esta disposición se pretende seguir adelante con la Estrategia Nacional de Integridad y en los compromisos que fueron asumidos por la Argentina en los distintos convenios internacionales. Algunos de ellos fueron la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención para Combatir el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción.