El Gobierno de Javier Milei inició el proceso para privatizar la empresa Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA). Así lo anunció este viernes el vocero presidencial, Manuel Adorni.

“El Gobierno inició el proceso para comenzar con la privatización de AySA. Se incorporará capital privado mediante la transferencia del 90% de las acciones de la empresa”, adelantó el portavoz en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.

Además, precisó que la privatización se hará a través de un esquema mixto, “que combina una licitación pública nacional e internacional para seleccionar un operador estratégico y una oferta pública inicial para abrir el capital de la empresa a otros inversores”. El 10% restante está en poder de los empleados de la empresa, quienes se quedarán con esas acciones. Este mecanismo responde al Programa de Propiedad Participada.

Adorni precisó que “desde su estatización en 2006, AySA requirió aportes de los argentinos por 13.400 millones de dólares”. “Indicadores claves muestran que hubo un fuerte deterioro en la infraestructura de la empresa”, criticó.

En este marco, indicó que “la dotación creció un 90% durante la gestión estatal y el nivel de morosidad por parte de los usuarios alcanzó el 16% cuando supo ser del 4% promedio”.

De acuerdo a lo informado por el Gobierno, el proceso de privatización será regulado por la Comisión Nacional de Valores y permitirá modernizar el sector y mejorar el precio y la calidad del servicio.

Adorni, en tanto, sostuvo que en la última gestión de gobierno “se gastaron en AySA más de 4.800 millones de dólares”.

“Con todo este presupuesto, la empresa funcionó como una plataforma de campaña. Hubo 200 millones de dólares destinados a obras y el 25% de esas obras se asignaron a Tigre y a Malvinas Argentinas, los dos municipios de donde provenía su cúpula directiva”, cuestionó el vocero.

La empresa AySA fue creada el 21 de marzo de 2006 a través del Decreto 304/2006, que luego fue ratificado por la Ley 26.100. Está a cargo de la prestación del servicio de provisión de agua potable y desagües cloacales en la Ciudad de Buenos Aires y en 26 municipios de la provincia de Buenos Aires.