El Gobierno de Javier Milei anunció este viernes que derogó 973 normas del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) para reestructurar la organización. En ese sentido, confirmaron la reducción de la intervención en los procesos productivos y la eliminación de la burocracia en los procedimientos.

La medida fue confirmada esta madrugada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 37/2025, que, según explicó ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, apunta a “dejar atrás el régimen en el que el Estado pretendía controlar cada paso del proceso productivo para pasar a un modelo donde se enfoca exclusivamente en garantizar la aptitud para consumo del vino”.

En esa línea, el funcionario destacó: “La industria del vino ya mostró lo que puede dar. La Argentina produce 900 millones de litros por año, lo que la convierte en el quinto productor mundial. Exportamos 800 millones de dólares anuales. Pero el consumo mundial está cayendo y los gustos cambian (por ejemplo, se impone en varios países el consumo de vino sin alcohol). Por ello es un imperativo darle a la industria la flexibilidad y libertad necesarias para adaptarse a este cambiante entorno“.

En el texto oficial, se detalla que el INV dejará de intervenir en cada una de las etapas iniciales e intermedias del proceso productivo. Desde ahora, pasará a concentrarse exclusivamente en el control de los productos finales embotellados. De esta forma, su rol central será garantizar que los productos estén aptos para el consumo y no adulterados.

En la normativa, se establece que los controles de trazabilidad (certificaciones de origen, añada y varietal) serán optativos, a disposición de los productores que los requieran en función de sus necesidades comerciales. Además, indicaron que también lo podrán hacer mediante medios privados.

En tanto, el nuevo régimen alcanzará a productores primarios de uvas; establecimientos elaboradores; fabricantes artesanales, así como también vino casero, bodegas, bodegas integradas, fábrica de mosto, fábrica de espumosos, plantas de fraccionamiento y de productos enológico; comercializadores, distribuidores, exportadores e importadores de productos vitivinícolas; laboratorios enológicos y de análisis habilitados; y operadores inscriptos.

Sturzenegger recalcó que para comprender cómo funcionaba este régimen es necesario entender que "en 2024, el INV emitió 140.000 permisos de tránsito y realizó más de 5000 inspecciones a bodegas. Existen registros de empresas que recibían una inspección cada dos días. Como si esto fuera poco, el organismo se encargaba de trámites innecesarios como la determinación año a año del grado alcohólico mínimo permitido para cada tipo de vino según la zona”.

Ante esto, el funcionario aseguró que “menos burocracia son menos oportunidades para la corrupción” y afirmó: “Al eliminar las fiscalizaciones intermedias los inspectores sólo tomarán muestras de los productos embotellados y los enviarán a analizar, cerrando la puerta para la discrecionalidad y la corrupción”.