El Gobierno de Javier Milei anunció la eliminación de dos programas que integraban el ex Ministerio de la Mujer. Esta decisión fue tomada luego de que el ministerio de Justicia realizara una evaluación de las políticas de prevención y erradicación de la violencia de género y de asistencia integral a las víctimas y concluyera en la falta de respuestas a la demanda social en dicha materia.

La medida quedó establecida esta madrugada mediante la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución 466/2025, que deroga la resolución 575/2021 que le pone fin al Registro Nacional de Organizaciones Sociales que abordaba temáticas de Género y Diversidad, que tenía como finalidad relevar y sistematizar datos sobre organizaciones sociales que trabajan en este campo en el país. 

En tanto, también elimina la resolución 55/2022, que creó el Programa Acercar Derechos para Personas en Situación de Violencias por motivos de Género, que tenía como objetivo dar una respuesta integral a las necesidades en situaciones de violencia motivada por cuestiones de género. La misma estaba orientada a abordar de forma simultánea las distintas vulneraciones de derechos que afectan a las personas en contextos de violencias, siempre bajo una perspectiva interseccional e intercultural.

En la normativa, se detalla que, en el segundo de los casos, se detectaron debilidades graves en los circuitos operativos, el sistema de registro, la supervisión de casos y la documentación de las intervenciones. Ante esto, se realizó un informe elaborado por una Unidad de Auditoria Interna, que detectó que el 38% de los casos asistidos por el programa “no registraban acciones de abordaje o seguimiento”. 

Además, se descubrieron otras faltantes como acciones activas que no habían sido actualizadas en más de seis meses y también destacaron la “carencia de estrategia integral de abordaje”, con números que representaban el 75 y el 26 por ciento respectivamente.

Cabe señalar que esta medida forma parte de un proceso de simplificación y reorganización de la intervención estatal, priorizando iniciativas que permitan alcanzar resultados. “Corresponde reasignar los recursos públicos hacia iniciativas útiles para el bien común y respaldadas por evidencia empírica, que permitan verificar resultados concretos y medibles y que aseguren eficiencia en la implementación de acciones con impacto demostrable y evaluable”, señala la disposición.

Por último, la resolución instruye a la Subsecretaría de Derechos Humanos, a la Unidad de Auditoría Interna y a la Subsecretaría de Gestión Administrativa para que implementen las medidas necesarias que garanticen la aplicación efectiva de la derogación, todo en el marco de las competencias asignadas tras la reforma ministerial.