El Gobierno oficializó este viernes el veto en su totalidad de la Ley de reparto automático de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que fue aprobada por el Congreso Nacional e impulsada en consenso por todos los gobernadores y un jefe de gobierno. 

La medida quedó establecida esta madrugada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 652/2025, que señala que “el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias (ATN) debe destinarse a atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales, bajo la asignación del entonces Ministerio del Interior -actual Vicejefatura de DE Gabinete del Interior, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros".

En ese sentido, destacaron que el objetivo es proteger la rigidez fiscal que el gobierno considera un punto clave. Este fue uno de los puntos elogiados en el reciente respaldo que llegó del Fondo Monetario Internacional (FMI) luego de los resultados en los comicios en la provincia de Buenos Aires.

En el texto oficial, señalaron que, a lo largo de su vigencia, los Fondos de Aportes del Tesoro Nacional fueron utilizados como "un instrumento de asistencia inmediata frente a contingencias críticas" y que se usaron para asistir a las provincias tanto durante la pandemia como en diversas oportunidades durante los años 2024 y 2025, con el fin de "mitigar los efectos de emergencias hídricas, económicas, climáticas y alimentarias".

Ante esto, consideraron que "la responsabilidad de asignar discrecionalmente los recursos del Fondo, no responde a un diseño legislativo caprichoso e injustificado, sino a una necesidad estructural del federalismo argentino, que requiere contar con mecanismos de auxilio excepcionales y ágiles dotados de la necesaria flexibilidad".

Por su parte, sostuvieron que “el vaciamiento del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional podría conducir a una extrema vulnerabilidad de las Provincias frente a emergencias”. En este contexto, recalcaron que "no solo el federalismo fiscal, sino también la prestación de servicios básicos a los ciudadanos en circunstancias excepcionales, comprometiendo con ello los principios de equidad y solidaridad federal".

"El criterio de distribución no es arbitrario ni absolutamente discrecional, sino que se encuentra normativamente delimitado a supuestos de emergencia, lo cual configura un parámetro objetivo de reparto, en tanto la asignación se activa frente a hechos verificables y de pública notoriedad que afectan de manera desigual a los distintos territorios", agregaron.

Por último, destacaron que "la verdadera solución al problema del reparto fiscal no radica en reformas parciales ni en decisiones coyunturales, sino en alcanzar un consenso amplio y duradero, capaz de dotar al federalismo argentino de un soporte esencial y estable que garantice el desarrollo equilibrado de todas las jurisdicciones".