El Gobierno de Javier Milei anunció este jueves que prorrogará la intervención de Corredores Viales S.A., la empresa estatal encargada de la gestión de rutas nacionales, hasta la finalización del proceso de disolución y privatización de la sociedad. Esta medida fue confirmada a días de la creación de la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, un nuevo organismo que concentrará tareas de fiscalización sobre servicios públicos y concesiones viales y ferroviarias.

La medida quedó establecida esta madrugada mediante la publicación del Decreto 464/2025 en el Boletín Oficial. “Prorrógase, a partir del 8 de julio de 2025, la intervención de “Corredores Viales S. A.”, empresa del Sector Público Nacional actuante en la órbita de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía dispuesta por el Decreto N° 244 del 1° de abril de 2025, hasta culminar el procedimiento establecido por el Decreto N° 97 del 14 de febrero de 2025”, indica el documento.

En esa línea, la disposición, que lleva la firma del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que se extiende la designación de Anastasia María de los Ángeles Adem como interventora y otorga al Ministerio de Economía la facultad de dictar normas complementarias para la implementación de la decisión.

La medida establece que la intervención continuará “hasta culminar el procedimiento establecido por el Decreto Nº 97 del 14 de febrero de 2025”, que autoriza la privatización total de la compañía bajo la modalidad de concesión de obra pública por peaje.

En ese sentido, la normativa señala que desde que inició la intervención se detectaron “falencias estructurales en la organización, deficiencias en el manejo de la administración, finanzas, compras y contrataciones de la sociedad, de la coordinación legal y de capital humano y en el relevamiento de activos fijos”. Además, se han implementado una serie de medidas para mejorar la gestión, como la aprobación de un nuevo organigrama, la creación de un Comité de Inversiones y la regularización del área legal.

En tanto, el Gobierno justificó la decisión de prorrogar la intervención dada la “complejidad de estos asuntos”, que requieren un plazo mayor al inicialmente estimado para la intervención. “Resulta necesario continuar con las medidas trazadas en el plan de acción previsto a fines de instrumentar las restantes acciones para consolidar las mejoras, renegociar contratos y asegurar que la transición sea ordenada y eficiente y no ponga en riesgo la continuidad operativa de los corredores”, sostuvieron. 

El Ministerio de Economía, con la asistencia de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria Agencia de Transformación de Empresas Públicas, tiene a su cargo la implementación de las medidas necesarias para la disolución y liquidación de la sociedad. Además, el decreto consigna la intervención de la ex Dirección Nacional de Vialidad y del servicio de asesoramiento jurídico del Ministerio de Economía en el proceso.

Por último, la intervención de Corredores Viales S.A. había sido dispuesta a partir del Decreto 244/2025 que fue publicado el 1 de abril, en el marco de la Ley 27.742, conocida como Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que declaró a la empresa “sujeta a privatización”.