El Gobierno nacional emitirá bonos de deuda por $580.270 millones para asistir financieramente al PAMI, en virtud de la "crítica situación financiera" que atraviesa la obra social de los jubilados. La decisión fue publicada en el Boletín Oficial y quedó instrumentada mediante una resolución conjunta del Ministerio de Economía que lleva las firmas del secretario de Finanzas, Federico Furiase, y su par de Hacienda, Carlos Guberman.

En los fundamentos de la norma, el Gobierno reconoció las dificultades del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y precisó que el aporte -calificado como "financiero reintegrable"- tiene como destino "atender obligaciones asumidas con prestadores y proveedores y garantizar la continuidad de las prestaciones y servicios a su cargo".

Cómo se estructura la emisión

La deuda se emitirá mediante la ampliación de las Letras del Tesoro Nacional Capitalizables en pesos (LECAP), dividida en tres tramos con vencimientos escalonados: $173.000 millones al 31 de julio, $164.000 millones al 31 de agosto y $187.000 millones al 30 de septiembre de 2026. Cada letra será entregada a su valor técnico calculado al 18 de mayo de 2026. La resolución también autoriza a la Oficina Nacional de Crédito Público a suscribir la documentación necesaria para implementar las operaciones.

La situación financiera del PAMI y sus incumplimientos con prestadores ya derivaron en acciones legales. El juez Miguel Hugo Vaca Narvaja, titular del Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, dictó esta semana una medida cautelar contra el programa Incluir Salud -dependiente del Ministerio de Salud- y el PAMI, con la orden de normalizar la cadena de pagos a los prestadores que atienden a personas con discapacidad en un plazo de 72 horas.

La medida se enmarca en un amparo colectivo de alcance nacional que tendrá vigencia por seis meses o hasta que exista sentencia firme. En la causa, los demandantes denuncian que los prestadores no perciben los pagos que les corresponden por parte del Estado, lo que provoca la interrupción de terapias para niños, adultos mayores y personas con discapacidad, y la discontinuidad en la entrega de medicamentos.

El fallo tomó como antecedente una sentencia previa del Juzgado Federal de Campana que, en diciembre pasado, declaró inválido el artículo 2 del Decreto 681/2025 y ordenó la aplicación plena de la Ley de Emergencia en Discapacidad.