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El Gobierno firmó un decreto para no ser querellante en la causa que investiga la deuda con el Fondo Monetario Internacional

Javier Milei firmó un decreto este jueves para que Argentina no sea más querellante en la investigación del préstamo del FMI en el 2018.

La causa que investiga la deuda que contrajo Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el año 2018 tuvo el retiro del Estado Nacional como querellante.

La medida fue adoptada por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, mediante un decreto que se firmó este jueves por la tarde tras casi cinco años de tomar esta postura.

"Instrúyese a la Procuración del Tesoro de la Nación a cesar su intervención como querellante particular en la Causa N° 3561/2019", detalla uno de los artículos del DNU.

Uno de los puntos por los que se decidió archivar este caso fue porque los cuestionamientos planteados en las denuncias eran por "discrepancias con las decisiones de política económica llevadas a cabo por distintos organismos públicos, en el marco de sus competencias".

Se confrimó la archivación de la causa que investigaba el préstamo del FMI en Argentina durante el 2018.
Se confrimó la archivación de la causa que investigaba el préstamo del FMI en Argentina durante el 2018.

La carátula de la causa N° 3561/2019 es "Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública", y busca determinar si hubo malversación de fondos públicos.

Durante el gobierno de Mauricio Macri en el 2018, Argentina solicitó al Fondo Monetario Internacional (FMI) un desembolso financiero de 44.500 millones de dólares, un acuerdo sin precedentes para el territorio nacional.

Según detallaron en el documento oficial, la causa quedó archivada desde el 2 de febrero del corriente año debido a que consideraron que "no se cometieron los delitos denunciados".

En el 2021, el presidente Alberto Fernandez había instruido a la Procuración del Tesoro para "iniciar las acciones conducentes al recupero de los eventuales daños y perjuicios emergentes a los hechos denunciados, facultándola a tal efecto a promover en su caso, la respectiva acción civil en el proceso penal".

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