El Gobierno nacional apelará el fallo de la Cámara Nacional en lo Civil que avaló el cambio de domicilio de la AFA a la provincia de Buenos Aires y anuló la veeduría dispuesta por el Ministerio de Justicia sobre la entidad que conduce Claudio "Chiqui" Tapia. 

Desde la gestión de Javier Milei cuestionan la resolución de la Sala D y sostienen que la Inspección General de Justicia (IGJ), bajo la nueva conducción de Alejandro Ramírez, buscará revertir la decisión en una instancia superior.

El eje del fallo y la disputa por la competencia

La Cámara Civil declaró la nulidad de las resoluciones de la IGJ y del Ministerio de Justicia que rechazaban la mudanza y disponían una intervención informativa por 180 días hábiles. 

Los camaristas Gabriel Rolleri, Maximiliano Caia y Juan Manuel Converset sostuvieron que, una vez que la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense autorizó el traslado del domicilio social a Pilar, las facultades de fiscalización quedaron bajo la órbita provincial, por lo que el organismo nacional ya no tenía competencia territorial.

La sentencia cuestionó el accionar de la IGJ, señalando que se "erigió por encima" del organismo bonaerense al aplicar facultades revisoras sobre un par. Asimismo, el tribunal desestimó las dudas sobre el funcionamiento efectivo de la sede en la calle Mercedes 1366, remarcando que la AFA posee un contrato de comodato firmado con la Municipalidad de Pilar.

Cruces internos y estrategia de la Casa Rosada

La resolución judicial provocó pases de facturas dentro del área de Justicia. 

El sector que lidera Juan Bautista Mahiques cuestionó a la gestión previa de la IGJ por no haber impugnado eficazmente las actas provinciales en su debido momento. Sin embargo, en Balcarce 50 leen el fallo como un revés político y jurídico para el esquema de control que se había diseñado sobre el fútbol argentino.

Con la apelación, el Poder Ejecutivo buscará evitar que el cambio de jurisdicción clausure de forma definitiva las investigaciones y revisiones de balances, documentación contable y contratos que estaban bajo la lupa nacional, aunque el fallo aclaró que la decisión no interfiere con las causas penales y económicas que corren por vías independientes.