AUTOPISTAS

El Gobierno va a la Justicia para anular contratos de peaje y hacerse cargo del Acceso Norte

El Ministerio de Obras Públicas, a cargo de Gabriel Katopodis, realizó la presentación formal a través de Vialidad Nacional ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal porteño 6.

El Gobierno nacional presentó este martes una demanda en la Justicia para solicitar que se declare la nulidad del Acuerdo Integral de Renegociación con Autopistas del Sol (AUSOL) de 2018, durante la gestión de Mauricio Macri, y pidió una medida cautelar para que el Estado se haga cargo de la administración del Acceso Norte.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) realizó la presentación a través de Vialidad Nacional ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal porteño 6 a cargo de Enrique Lavié Pico.

El acuerdo que objetó el gobierno de Alberto Fernández "establecía una deuda cuya existencia no se encuentra comprobada, una dolarización de las tarifas y la prórroga de la concesión por 10 años", explicaron desde la cartera que conduce Gabriel Katopodis.

 

 

El Gobierno sostuvo que para cubrir la deuda "la tarifa debería aumentar, en promedio, 20 veces en el Acceso Norte, perjudicando a los argentinos y argentinas".

"Por instrucción del Poder Ejecutivo, se interpuso acción judicial de lesividad y se solicitó medida cautelar con el fin que el Estado nacional se haga cargo de la administración del Acceso Norte", precisó el Ministerio. La presentación se hizo "a través de Vialidad Nacional y con el patrocinio de la Procuración del Tesoro de la Nación", detallaron.

Con esta demanda buscan declarar nulo el decreto del año 2018 y el acuerdo de renegociación con Autopistas del Sol S.A (AUSOL) ratificado por el mismo, que "comprometía al Estado con una deuda millonaria, inexistente y lesiva a los intereses de las y los usuarios", añadieron.

El Gobierno va a la Justicia para anular contratos de peaje y hacerse cargo del Acceso Norte
El Ministerio de Obras Públicas, a cargo de Gabriel Katopodis, realizó la presentación a través de Vialidad Nacional ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal porteño 6 a cargo de Enrique Lavié Pico.

De forma previa a la sustanciación de la demanda, el Ministerio de Obras Públicas solicitó a la Justicia "con carácter urgente el dictado de una medida cautelar inaudita parte (conf. art. 16 de la Ley No 26.854) a fin de que el Estado Nacional se haga cargo de la gestión del Acceso Norte".

La cartera de Katopodis destacó que "desde el inicio de la gestión, el Ministerio de Obras Públicas se hizo cargo de la administración de rutas y autovías en todo el territorio, con el objetivo de seguir recuperando el rol central de Vialidad Nacional en la Argentina".

Con respecto a los acuerdos de 2018, informó que en ese año "las concesionarias Autopistas Del Sol S.A. (AUSOL) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO) firmaron con el gobierno anterior acuerdos que comprometían al Estado con una deuda bruta (sin descontar penalidades) de U$S 813.143.839,52, (U$S 540.522.269,52 para el caso de AUSOL S.A. y U$S 272.621.570 para el caso de GCO S.A.)".

El Gobierno va a la Justicia para anular contratos de peaje y hacerse cargo del Acceso Norte
El acuerdo firmado durante el gobierno de Macri estableció que las concesionarias también reciban canon en millones de dólares en forma directa por la explotación de las estaciones de servicio que se encuentran en ambos Accesos.

En este sentido, se establecía una cancelación en cuotas anuales, que irían desde 2018 a 2030, más un interés en dólares del 8% anual. "Este interés era capitalizable y si el Estado se retrasaba en el pago el concepto adeudado pasaba a formar parte del capital, incrementando la deuda. Con estos acuerdos, la deuda reconocida y sus intereses ascendía a U$D 1.161.292.387", detalló.

"Además, la tarifa de peaje se dolarizó ilegalmente, ya que el ordenamiento jurídico vigente así se lo prohibía, generando subas aún mucho mayores", dijo.

Cabe mencionar que las concesionarias también reciben canon en millones de dólares en forma directa por la explotación de las estaciones de servicio que se encuentran en ambos Accesos. En los acuerdos de 2018 se estableció que los millones de dólares que reciben por esos complejos "no cuenten para cancelar la deuda asumida por el Estado, lo cual significan además un ingreso adicional que aumenta la renta asegurada a las Concesionarias", señalaron.

 

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