El Gobierno reglamentó este lunes el Régimen de Promoción del Empleo Registrado (PER), que establece las condiciones para que los empleadores del sector privado regularicen relaciones laborales no registradas o deficientemente registradas, accediendo a importantes beneficios fiscales y previsionales.

La iniciativa quedó formalizada esta madrugada mediante el Decreto 409/2026, publicado en el Boletín Oficial. La medida forma parte de la implementación de la Ley de Modernización Laboral y está dirigida a vínculos laborales iniciados antes de la entrada en vigencia de esa norma. 

Según el texto oficial, el objetivo es incentivar la formalización del empleo mediante la reducción de sanciones y la regularización de obligaciones pendientes.

Condonación de deudas de hasta el 90%

Uno de los principales puntos de la normativa es la implementación de un esquema de condonación de deudas previsionales y de la seguridad social para los empleadores que adhieran al régimen.

En esa línea, la disposición establece una reducción del 90% de la deuda para micro y pequeñas empresas, del 80% para medianas empresas y del 70% para los demás empleadores.

Además, se dispone una condonación del 100% para las obligaciones vinculadas al Sistema Nacional del Seguro de Salud, al Régimen de Riesgos del Trabajo y al Seguro Colectivo de Vida Obligatorio.

Planes de pago y descuentos adicionales

El decreto prevé que los montos no alcanzados por la condonación podrán cancelarse mediante pago al contado o a través de un plan de facilidades que será instrumentado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

En aquellos casos en que el empleador opte por abonar la deuda en una única cuota, la normativa contempla un beneficio adicional: una reducción del 50% sobre el capital y los intereses que no hubieran sido condonados previamente.

Beneficios previsionales para los trabajadores

La reglamentación también introduce efectos directos para los trabajadores que sean incorporados al régimen de regularización.

Los períodos laborales reconocidos serán computados como tiempo de servicio a los efectos jubilatorios y podrán utilizarse para acceder a prestaciones previsionales. Entre ellas se incluyen la Prestación Básica Universal, la Prestación por Retiro Transitorio por Invalidez y las pensiones derivadas del fallecimiento de un trabajador en actividad.

Asimismo, esos años regularizados también serán válidos para acceder a las prestaciones por desempleo previstas por la legislación vigente.

Cómo se calcularán los aportes reconocidos

El decreto establece que, para el reconocimiento de los períodos regularizados, se tomará como referencia el Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente, salvo que la remuneración declarada por el empleador resulte superior.

De esta manera, los trabajadores podrán incorporar años de aportes que hasta el momento no figuraban en los registros previsionales, fortaleciendo su historial laboral y sus futuras prestaciones.

Salida del REPSAL

Otro de los beneficios contemplados por la normativa es la posibilidad de que los empleadores que regularicen su situación sean dados de baja del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) respecto de infracciones vinculadas a períodos anteriores a la entrada en vigencia de la Ley de Modernización Laboral.

Con la reglamentación de la normativa, el Gobierno busca acelerar la incorporación de trabajadores al sistema formal, combinando incentivos económicos para las empresas con el reconocimiento de derechos previsionales para los empleados.