Este lunes, luego del mediodía, el Gobierno retomará las negociaciones con los gremios aeronáuticos para discutir una actualización salarial para los trabajadores de Aerolíneas Argentinas, en medio de un clima de conflicto marcado por paros sorpresivos y la reciente decisión oficial de desregular el servicio de rampas en los aeropuertos. Según fuentes sindicales, los empleados consideran que los salarios llevan un atraso de casi el 90% desde diciembre de 2023, lo que incrementa la tensión en la mesa de diálogo.

La última reunión se celebró el viernes pasado, donde se acordó que las conversaciones continuarían esta semana, siempre y cuando los gremios no volvieran a realizar paros durante el proceso de negociación. Entre los sindicatos participantes se encuentran la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) y la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA).

Por parte del Gobierno, existe la voluntad de ofrecer un incremento salarial superior al 14%, aunque esta propuesta está condicionada a que los gremios acepten modificar ciertos aspectos del convenio colectivo de trabajo. 

El Ejecutivo busca que Aerolíneas sea una empresa más rentable, con miras a una posible privatización. Entre los puntos en revisión se encuentran beneficios como el uso de remises para el traslado de los empleados y la concesión de pasajes gratuitos durante las vacaciones y en fechas festivas.

La gestión del presidente Javier Milei adoptó una postura firme y advirtió la semana pasada que, de no encontrarse una solución pacífica y sin medidas de fuerza, se avanzará con un Plan Preventivo de Crisis, lo cual podría derivar en el cierre de la aerolínea estatal. 

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, afirmó en una entrevista radial: “Estamos dispuestos a avanzar con la privatización de la empresa”. Además, planteó la posibilidad de transferir la compañía a los empleados si no se encuentra una alternativa viable para sostener las operaciones, señalando que de otro modo irán “hacia el fin de Aerolíneas Argentinas”.

El secretario de Trabajo, Julio Cordero, también intervino en el conflicto, asegurando que “el Gobierno va a hacer todo lo que tenga que hacer para que los pasajeros no sean rehenes”, en referencia a las interrupciones en el servicio y los efectos de las huelgas en los usuarios.

La crisis escaló especialmente el miércoles y jueves de la semana pasada, cuando un paro sorpresivo en Intercargo dejó pasajeros atrapados en los aviones y a otros sin acceso a su equipaje. En respuesta, el Gobierno despidió a un empleado el miércoles y a otros 15 trabajadores al día siguiente. 

Estos empleados pertenecían a Intercargo, empresa encargada de los servicios de rampas en los aeropuertos, un sector que ahora fue abierto a la competencia de otras empresas tras la decisión del Ejecutivo de desregularlo.