El juez federal Ariel Lijo ordenó una serie de medidas de prueba para analizar contratos estatales y determinar si existieron irregularidades que pudieran haber beneficiado a Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete Manuel Adorni. La investigación, impulsada por el fiscal Carlos Stornelli, apunta a revisar licitaciones y concesiones, entre ellas la del predio de Tecnópolis.

Entre las disposiciones, el magistrado solicitó el envío de toda la documentación vinculada a la concesión de Tecnópolis a Comodoro Py, con el objetivo de esclarecer las condiciones en las que se firmaron los acuerdos. También requirió expedientes administrativos relacionados con servicios de comunicación y mensajería masiva.

La causa se originó a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano, que plantea posibles irregularidades en una contratación de 2025 por más de 3.600 millones de pesos para servicios de SMS, correos electrónicos y llamadas. Según la presentación, las empresas participantes tendrían vínculos entre sí, lo que podría indicar una simulación de competencia en la licitación.

En paralelo, la Justicia analiza un presunto entramado societario entre firmas tecnológicas y contratistas del Estado, así como posibles sobreprecios en los servicios adjudicados. También se investiga la relación comercial de la consultora +Be, propiedad de Angeletti, con empresas que mantienen contratos con organismos públicos.

Como parte de las medidas, Lijo solicitó información a la Inspección General de Justicia (IGJ) sobre diversas compañías involucradas y pidió identificar a los beneficiarios finales de las contrataciones. Además, requirió datos sobre proveedores recurrentes del Estado para reconstruir el circuito de adjudicaciones.

La investigación se encuentra en etapa preliminar y, hasta el momento, no hay imputaciones formales. El objetivo es determinar si existieron delitos como fraude a la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública o asociación ilícita en los procesos analizados.