El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó su declaración jurada patrimonial integral correspondiente al período fiscal 2025 ante la Oficina Anticorrupción. 

El documento oficial de carácter público, ingresado formalmente tras meses de postergaciones, detalla los activos financieros, tenencias de dinero y bienes inmuebles del funcionario nacional, cuyo crecimiento patrimonial fue adjudicado por el propio ministro a diversas operaciones de inversión con la criptomoneda Bitcóin.

Composición de los activos y operaciones financieras

El estado de situación patrimonial presentado por el ministro ante las autoridades de control revela la titularidad compartida del 50% de un departamento destinado a vivienda en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, además de otra propiedad ubicada en la localidad de La Plata y un lote en un barrio privado del partido de Exaltación de la Cruz. 

Las valuaciones fiscales de estos inmuebles registraron actualizaciones de valor con respecto a las declaraciones iniciales presentadas al momento de asumir en la función pública.

En materia de activos líquidos y ahorros, la documentación detalla fondos depositados en cuentas bancarias del país y del exterior en moneda extranjera, sumado a tenencias en efectivo de dólares estadounidenses. 

Con respecto a las explicaciones públicas brindadas por el titular de ministros en declaraciones televisivas sobre el origen de sus fondos, el funcionario remarcó que las utilidades obtenidas provienen del mercado digital: "El crecimiento de mi patrimonio se debe a inversiones en Bitcoin realizadas de manera temprana".

Repercusiones políticas y pedido judicial de informes

La difusión del documento generó inmediatas reacciones en el arco político y dentro del propio seno del Poder Ejecutivo Nacional. 

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, manifestó sus reparos ante la situación y advirtió de manera pública que el escenario bajo análisis "es más que un error", evidenciando diferencias de criterio entre los integrantes del gabinete presidencial respecto al cumplimiento de los plazos de transparencia. 

Asimismo, la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, se distanció del funcionario al señalar los retrasos administrativos en las presentaciones obligatorias.

Por otra parte, la tramitación del expediente administrativo coincide con un requerimiento del fuero federal, donde la justicia penal solicitó de forma urgente copias certificadas de los estados patrimoniales del vocero presidencial. 

Los magistrados intervinientes analizan los flujos de fondos y las declaraciones previas para determinar la consistencia legal de los activos declarados por el jefe de ministros y descartar eventuales figuras de omisión maliciosa en los informes públicos obligatorios.