La directora general de Actividades Presidenciales de la Vocería, Laura Schiuma, declaró ante el fiscal federal Gerardo Pollicita en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni. 

El testimonio de la funcionaria convalidó la hipótesis judicial sobre el uso de empleados públicos para canalizar consumos de alta gama que no coincidían con sus ingresos formales.

Ante la consulta de las autoridades judiciales, la testigo ratificó que le facilitó su tarjeta de crédito personal al entonces vocero presidencial para la adquisición de un monitor tecnológico de alta gama, cuyo valor comercial ascendía a los $2.185.000, en un momento donde el salario del imputado rondaba los $3.500.000.

El detalle del consumo y las sospechas de un modus operandi

De acuerdo con la presentación de la documentación exhibida por la fiscalía, la funcionaria reconoció la compra de un monitor gamer Samsung Odyssey Oled G8 en agosto de 2025. 

Schiuma precisó que el exfuncionario le reintegró el monto total de la operación utilizando dinero en efectivo, sin realizar transferencias bancarias ni aportar comprobantes de origen.

La investigación judicial busca determinar si esta modalidad constituía una práctica habitual dentro de la estructura de comunicación oficial. Los tribunales federales mantienen bajo la lupa otros dos episodios similares:

• Compra de proyectores: Una adquisición realizada a nombre de Luis Enrique Aluju, coordinador de Información de Gobierno.

• Gastos en blanquería: Una facturación emitida a nombre de Gisela Kocsis, secretaria de la Vocería.

Vínculo de confianza y compras rechazadas por el banco

Durante la audiencia, la testigo detalló que mantiene una relación laboral y de conocimiento con el ex jefe de Gabinete desde hace 16 años, cuando ambos se desempeñaban en una concesionaria automotriz comercializando planes de ahorro. 

Tras asumir la función pública, el exvocero la convocó para sumarse a los equipos técnicos de la Casa Rosada como personal de estricta confianza.

La declaración sumó complejidad al expediente al analizarse otros registros financieros de la tarjeta de la funcionaria. 

El banco emisor reportó intentos de compras rechazados -entre ellos un televisor inteligente- que la directora general desconoció haber realizado, lo que genera sospechas sobre un posible agotamiento de los márgenes de crédito disponibles por parte de terceros.

Desconocimiento sobre el patrimonio del exfuncionario

La fiscalía indagó además sobre la evolución patrimonial y los activos financieros del ex jefe de Gabinete debido a la antigüedad del vínculo personal entre ambos. 

La testigo afirmó no poseer precisiones sobre las presuntas inversiones en criptomonedas o fondos de origen familiar del imputado.

La funcionaria del área presidencial indicó que solo tenía conocimiento de una propiedad residencial ubicada en la avenida Asamblea, en el barrio porteño de Parque Chacabuco, y aclaró que nunca presenció el manejo de grandes sumas de divisas extranjeras o moneda local por parte de su antiguo superior jerárquico.