El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata denunció este martes al presidente Javier Milei y a la canciller Diana Mondino, por "abuso de autoridad" y "violación de los deberes de funcionario público" tras la decisión del Gobierno de restablecer los vuelos desde Córdoba a Islas Malvinas, en un acuerdo con Gran Bretaña.

La causa fue asignada a la jueza federal María Servini en los tribunales de Comodoro Py. Organizaciones de veteranos plantearon su rechazo al entendimiento con los británicos, ya que consideran que se trata de un hecho que podría afectar la soberanía argentina y por lo tanto, debe ser tratado en el Congreso Nacional.

Esta denuncia se sumó a otra realizada el lunes pasado por la abogada Valeria Carreras, quien también cuestionó la firma del acuerdo sin la participación del Congreso, violando el artículo 75 de la Constitución Nacional. "Se trata de un instrumento de naturaleza convencional que establece obligaciones internacionales, por lo que su aprobación por el Congreso es indispensable", señaló la abogada.

Los denunciantes y sectores opositores sostienen que el acuerdo para retomar los vuelos desde San Pablo a Islas Malvinas con una escala en Córdoba, representa un riesgo para las reclamaciones históricas de soberanía.

En el documento presentado por el CECIM destacan que hubo falta de comunicación del Ejecutivo sobre las negociaciones que se llevaron a cabo con Gran Bretaña.

En tanto, la abogada Carrreras cuestionó que no se haya dado intervención al Congreso de la Nación en un tema que podría vincular la soberanía argentina. "Se avanzó, nuevamente sin dar intervención al Congreso de la Nación, violando entonces el art 75 de la CN A la simple lectura del Comunicado del 24-9-2024, podemos afirmar que dicho comunicado se trata “prima facie” de un instrumento de naturaleza convencional, que establece derechos y obligaciones de carácter internacional", advirtió.

Por eso y "cualquiera sea la forma del instrumento, debería haber pasado por el Congreso de la Nación para su tratamiento" en base a una "manda constitucional".

Las autoridades judiciales deberán determinar si el acuerdo de los vuelos a Malvinas requería la aprobación del Congreso o si el Ejecutivo tenía facultades para avanzar sin su intervención. La firma de este documento se realizó en Nueva York, Estados Unidos, entre Mondino y el canciller británico David Lammy.