La Iglesia volvió a marcar diferencias con el gobierno de Javier Milei al cuestionar el proyecto de ley de propiedad privada que impulsa el oficialismo. Desde la Conferencia Episcopal Argentina advirtieron que la iniciativa "debilita la potestad del Estado" para intervenir en los procesos de integración de los barrios populares y garantizar el acceso a la vivienda de los sectores más vulnerables.

El proyecto, promovido por el Ejecutivo y defendido por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, busca reforzar la inviolabilidad de la propiedad privada mediante modificaciones a distintas leyes. Entre otros puntos, propone agilizar los desalojos, endurecer las condiciones para las expropiaciones y modificar el régimen de regularización dominial de los barrios populares.

Qué cuestionó la Iglesia del proyecto

Los obispos sostienen que la reforma pone en riesgo la legislación vigente sobre integración sociourbana, al reducir las herramientas con las que cuenta el Estado para avanzar en la urbanización y regularización de asentamientos populares. En ese sentido, remarcaron que la iniciativa oficial limita la capacidad estatal para declarar de utilidad pública determinados inmuebles cuando ello resulta necesario para garantizar derechos básicos.

El cardenal Ángel Rossi, vicepresidente primero de la Conferencia Episcopal Argentina, fue una de las voces más críticas. Durante un encuentro de la Mesa de Barrios Populares de Córdoba afirmó que "toda familia debe tener un techo digno y acceso a servicios básicos", al tiempo que alertó sobre la situación habitacional que atraviesan millones de argentinos.

El argumento de los obispos

La Iglesia recordó que su doctrina social reconoce el derecho a la propiedad privada, pero sostiene que este no es absoluto y debe estar orientado al bien común. En ese marco, citó documentos como Fratelli tutti, del papa Francisco, además de otras encíclicas que plantean que el destino universal de los bienes debe prevalecer cuando están en juego derechos fundamentales como el acceso a la vivienda.

El pronunciamiento abre un nuevo foco de tensión entre el Gobierno y el Episcopado, que en los últimos meses ya había manifestado reparos sobre distintas políticas oficiales vinculadas a la situación social y al rol del Estado en la protección de los sectores más vulnerables.