El gobierno prorrogó por un año el plazo de la renegociación de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) correspondiente a las prestadoras de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural que estén bajo jurisdicción federal. La decision fue tomada a través del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 815/22, publicado en el Boletín Oficial.

En los hechos, la medida implica que se mantendrá el esquema de incrementos según la segmentación de clientes que el gobierno había dispuesto a mediados de año. 

La extension del plazo también implicó la prórroga por otro año de la intervención en los entes nacionales que regulan esos servicios, “hasta tanto entren en vigencia los nuevos cuadros tarifarios resultantEs de los acuerdos definitivos de la RTI". El ENRE, entonces, seguirá a cargo de Walter Martello y el Enargas, de Osvaldo Pitrau.

 

 

La puesta en marcha de una revision tarifaria integral había sido dispuesta por el Gobierno en diciembre de 2020, con la consigna explícita de propender “a una reducción de la carga tarifaria real sobre los hogares, comercios e industrias". Para cumplir ese trámite se había dispuesto un esquema transitorio de dos años, lapso durante el que tendrían vigencia regimenes de transición "como una adecuada solución de coyuntura en beneficio de los usuarios y las usuarias".

 

 

 

En sus considerandos, el decreto indicó que "la RTI requiere la proyección tanto de indicadores propios de la industria de la energía eléctrica y del gas, como así también macroeconómicos, los que a su vez se encuentran vinculados entre sí".

En este marco, tanto el ENRE como el Enargas celebraron audiencias públicas y aprobaron nuevos cuadros tarifarios para los servicios de energía eléctrica y gas.

 

RTI y segmentación tarifaria: cómo es el esquema de aumentos de gas y electricidad  

Mientras se prepara la revision integral, el Gobierno mantiene vigente el decreto 332/22, de junio pasado, que estableció un nuevo marco con relación a la política de subsidios sociales "protegiendo fundamentalmente a los sectores con menores ingresos, con el objeto de lograr valores de la energía razonables y susceptibles de ser aplicados con criterios de justicia y equidad distributiva, contemplando las distintas realidades y situaciones del universo de usuarios y usuarias".

 

 

 

De esa manera, se procedió a segmentar a los clientes de todo el país de ambos servicios en tres grupos, de acuerdo a su patrimonio y poder adquisitivo. Los de mayor capacidad de pago deberán cubrir el costo total del servicio; los grupos medios tendrán en sus boletas cada año un incremento equivalente al 80% de la evolución salarial; y a los grupos más necesitados se les subirá la tarifa solo el 40% de lo que suban los salarips. Para hacer la clasificación se tomó en cuenta la declaración jurada que cada usuario presentó en el RASE (Registro de Acceso a los Subsidios de Energía).