El ajuste impactó sobre el Plan Nacional de Alfabetización, salarios docentes, becas estudiantiles y obras en universidades nacionales. También hubo fuertes recortes en transferencias para infraestructura y programas educativos.

En la previa de una nueva Marcha Federal Universitaria, el Gobierno nacional oficializó un recorte de más de $78.000 millones sobre distintos programas de la Secretaría de Educación y avanzó con una fuerte reducción de fondos destinados a universidades nacionales, infraestructura escolar y políticas educativas.

La medida fue publicada a través de la Decisión Administrativa 20/2026 y generó nuevas críticas en medio del conflicto por la Ley de Financiamiento Universitario y los reclamos salariales de docentes universitarios.

El ajuste más importante recayó sobre el Plan Nacional de Alfabetización, que sufrió una quita superior a los $35.288 millones. La reducción impacta directamente en las transferencias enviadas a las provincias para sostener el programa.

Además, el Ejecutivo eliminó el Fondo de Compensación Salarial Docente, destinado a complementar salarios mínimos de docentes provinciales, con un recorte cercano a los $9.000 millones.

En paralelo, los programas vinculados a infraestructura escolar y equipamiento educativo tuvieron una poda de más de $21.600 millones, mientras que el área de "Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas" perdió otros $6.649 millones.

Dentro de ese esquema también quedaron afectadas las becas estudiantiles, que registraron una baja superior a los $559 millones.

Universidades públicas y obras paralizadas

El recorte también alcanzó de lleno a las universidades públicas. Según el detalle oficial, el Gobierno redujo más de $5.300 millones en transferencias de capital destinadas a obras de infraestructura universitaria.

Entre las instituciones más perjudicadas aparece la Universidad Nacional de La Plata, que sufrió una reducción de más de $1.043 millones. También hubo fuertes recortes en la Universidad Nacional de General San Martín y en la Universidad Nacional de Avellaneda, con quitas de $700 millones cada una.

El ajuste también afectó proyectos en universidades de Río Cuarto y Entre Ríos, en el marco de un escenario de creciente tensión entre el Ejecutivo y el sistema universitario.

De acuerdo con un informe del Centro de Economía Política Argentina, el presupuesto destinado al programa de Desarrollo de la Educación Superior acumula una caída real del 32,5% entre 2023 y 2025 bajo la gestión de Javier Milei.

El mismo trabajo sostiene que, proyectado a valores constantes de 2026, el deterioro presupuestario alcanzaría una retracción acumulada superior al 41% respecto de 2023.

En contraste, el estudio señala que si se hubiera aplicado plenamente la Ley de Financiamiento Universitario, el presupuesto de las universidades nacionales habría mostrado una recuperación cercana a los niveles previos al ajuste.

Mientras tanto, desde el Gobierno sostienen que la norma no puede ejecutarse. El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, aseguró que la ley "quedó abstracta" tras la aprobación del Presupuesto y reiteró que el Estado "no está en condiciones económicas" de afrontar el incremento salarial reclamado por los gremios docentes.