El Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires abrió un expediente para investigar el desempeño de la notaria Adriana Nechevenko, quien intervino en las recientes operaciones inmobiliarias del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. 

La medida surge luego de la declaración testimonial de la profesional en los tribunales de Comodoro Py y de una serie de apariciones mediáticas que generaron malestar en el sector. 

La entidad busca determinar si existió negligencia o ejercicio irregular de la profesión, lo que podría derivar en la suspensión de su matrícula.

Cuestionamientos técnicos y éticos

El malestar dentro de la institución notarial se vincula tanto con la pericia técnica como con la exposición pública de la escribana. 

Fuentes internas de la entidad señalaron que sus declaraciones "solo generan el desprestigio de la profesión" y que podría haber revelado secretos profesionales durante reportajes periodísticos.

Uno de los puntos más críticos señalados por colegas del rubro es que la profesional no habría dado fe del acto de manera correcta. 

"No certificó correctamente la operación. No dio fe del acto con la presencia de ambos participantes en el momento de la escritura. Lo hicieron en momentos separados", advirtieron profesionales consultados, subrayando que dicha metodología podría invalidar el documento público.

Intervenciones en las propiedades del funcionario

La labor de Nechevenko está bajo la lupa en tres operaciones específicas que integran la investigación patrimonial sobre el funcionario. 

En el caso del departamento de Caballito, la escribana certificó un pago diferido de 200.000 dólares, una modalidad considerada inusual en el mercado inmobiliario actual. La Justicia analiza si la notaria instrumentó debidamente este esquema y si el documento refleja la realidad de la transacción.

Asimismo, se investigan las escrituras de una propiedad en Parque Chacabuco y de una vivienda en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, esta última registrada a nombre de la esposa de Manuel Adorni.

En ambos casos, el sumario del Colegio de Escribanos y la justicia federal buscan determinar si existieron mecanismos de financiamiento privado no declarados o si los valores consignados en las actas se ajustan a los precios reales de mercado.