El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires formalizó un reclamo económico contra la Provincia de Buenos Aires por la asistencia brindada a ciudadanos bonaerenses en situación de calle dentro del territorio porteño. El monto exigido supera los $27 mil millones y encuentra respaldo jurídico en el Decreto nacional 373/2025, que establece con precisión las responsabilidades de cada jurisdicción en esta materia.

Desde el Gobierno de la Ciudad enfatizan que la normativa vigente es inequívoca: el Decreto nacional 373/2025 establece que cada jurisdicción debe financiar la atención de sus propios ciudadanos en situación de calle, con independencia del lugar donde se encuentren. En ese sentido, señalan que la Provincia de Buenos Aires dispone de un marco legal propio -la Ley 13.956, que instituyó el Programa de Asistencia Integral para Personas en Situación de Calle- cuyas disposiciones no estarían siendo aplicadas para quienes se encuentran en territorio porteño.

Los registros del Gobierno porteño indican que en sus 61 Centros de Inclusión Social se asiste actualmente a un mínimo de 2.327 personas con domicilio en la Provincia de Buenos Aires. El costo mensual de atención por persona asciende a $1.163.135, lo que determina una deuda acumulada de $27.066.151.450 desde la entrada en vigencia del decreto.

En ese marco, los ministros Gabriel Mraida -de Desarrollo Humano y Hábitat- y Gustavo Arengo -de Hacienda y Finanzas- remitieron una comunicación formal al ministro de Economía bonaerense, Pablo López, en la que solicitaron "la inmediata transferencia de los recursos necesarios" para saldar la deuda generada y cubrir los costos que continúen produciéndose.

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, también se expresó públicamente a través de sus redes sociales, donde interpeló directamente al gobernador Axel Kicillof: "Es hora de que los porteños dejen de pagar tu desgobierno. Dejá de mirar para otro lado y cumplí la ley", afirmó, al tiempo que exigió que la Provincia garantice alojamiento y asistencia a sus propios ciudadanos.

En la comunicación enviada por los ministros porteños se advierte que los fondos destinados a esta asistencia "se solventa con recursos de la Ciudad, provenientes del esfuerzo de los porteños", lo que genera "un ahorro para la Provincia de Buenos Aires" y representa "un perjuicio para los residentes de la Ciudad", cuyos recursos podrían orientarse hacia otras áreas del Gobierno local.

La infraestructura que sostiene la Ciudad

Los Centros de Inclusión Social operan las 24 horas del día y asisten en total a 4.626 personas. Su funcionamiento está organizado por perfiles específicos: familias, mujeres víctimas de violencia de género, personas con padecimientos de salud mental, personas en tratamiento por adicciones y hombres con mascotas. La asistencia que brindan no se limita a techo y alimentación, sino que comprende también acompañamiento psicológico, capacitación en oficios e intermediación laboral.

La red de atención se completa con más de 70 móviles que recorren la ciudad durante todo el año, atención telefónica a través de la línea 108 y del servicio de mensajería Boti, y dos Dispositivos de Primer Acercamiento donde las personas reciben comida, acceso a ducha y peluquería, y derivación a los Centros.