La Fiscalía apelará el fallo del Tribunal Oral Federal 2, que condenó a la vicepresidenta Cristina Kirchner a seis años de prisión más inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en la adjudicación de obras públicas en la provincia de Santa Cruz.

Para los fiscales, el fallo no tiene en cuenta el funcionamiento de una asociación ilícita que habría involucrado a Cristina Kirchner, en su condición de jefa; al empresario Lázaro Báez, adjudicatario de las obras en cuestión; al entonces ministro de Planificación Federal, Julio de Vido; y a otros funcionarios del área.

“Para nosotros está comprobada la asociación ilícita. Y vamos a apelar. Queremos revertir esa mirada que se instaló en Tribunales de que en las causas de corrupción no aplica la asociación ilícita”, dijo el fiscal Diego Luciani al portal Infobae. 

 

 

“Vamos a buscar revertir ese criterio instalado con el fallo ’Stancanelli’ de la Corte menemista que habló de la asociación ilícita en el contrabando de armas a Croacia y Ecuador y que tomó un liderazgo para que no se aplique esa figura en los casos de corrupción. Entendemos que ese delito no sólo vale para las causas de secuestros, drogas o evasiones sino también para los delitos de la administración pública. Ese es el nudo de la cuestión”, agregó el fiscal.

 

La condena a Cristina Kirchner: la apelación de los fiscales y los defensores

 

La decision de apelar ya está tomada tanto por la Fiscalía, que insistirá en que se eleve la pena a 12 años de prisión (además de la inhabilitación para ejercer cargos públicos), como por los abogados de los 10 condenados, que insisten en la inocencia de sus defendidos.
Sin embargo, para ello habrá que esperar a que se difundan los fundamentos del fallo, algo que está previsto recién para el 9 de marzo del año que viene.

 

 

Por ahora, solo se conoce un extracto de los mismos. Los jueces del TOF 2 (Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso) argumentaron que los hechos investigados "evidencian la existencia de vínculos promiscuos y corruptos entre funcionarios de la administración pública (nacional y provincial) y las empresas contratistas del Estado pertenecientes al mencionado grupo empresarial" (por Austral Construcciones).

Esos lazos -sostuvieron- "fueron determinantes para la concreción de una defraudación en la que predominó una ficta legalidad para instrumentar procesos y decisiones administrativas que buscaron asegurar y disimular un beneficio ilegítimo a favor de, por lo menos, dos de las personas imputadas en este proceso (Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Antonio Báez)".

 

La condena a Cristina Kirchner: cuáles son los plazos para la apelación

 

Recién a partir de que se conozcan los fundamentos completos, comenzará a correr el plazo de 10 días hábiles para que las partes realicen sus apelaciones. Esto abre una segunda instancia en el juicio, ya que intervendrá la Cámara de Casación Penal para definer sobre esas presentaciones.

En Casación, el veredicto será analizado por la sala IV, integrada en la actualidad por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo, porque ya intervinieron en otras instancias del caso Vialidad.

 

 

Este es el máximo tribunal penal federal del país y es la instancia primera de revisión de los veredictos emitidos en todos los juicios orales del fuero.

Los tres jueces de la sala IV de Casación, como se procede en estos casos, llamarán a las partes a una audiencia previa ya en 2023, tras haber recibido la causa: allí escucharán fundamentos en los meses subsiguientes y, posteriormente, tendrán 20 días hábiles para resolver.

 

 

Luego de Casación, seguirá la posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia con un recurso extraordinario, que en el caso de ser rechazado, habilitará el recurso de la queja directa ante el máximo tribunal, que no tiene plazos para decidir.

La sentencia quedará firme cuando se pronuncie la Corte Suprema y, si en ese momento alguno de los condenados tiene fueros por ejercer un cargo electivo, será necesario un juicio político para que pueda ordenarse su detención.

Mientras no se cumplan esos pasos, la sentencia no estará firme. De esa manera, el eventual encarcelamiento y la inhabilitación política de los condenados no podrá cumplirse hasta agotar ese procedimiento.