La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi deberá continuar con la investigación de una denuncia presentada contra la ex ministra de Seguridad y actual senadora Patricia Bullrich, vinculada a un operativo policial realizado durante una marcha en favor de jubilados en las inmediaciones del Congreso de la Nación Argentina.

La decisión fue adoptada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes resolvieron un conflicto de competencia entre el juzgado federal a cargo de Martínez De Giorgi y el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 28, en línea con el dictamen del procurador general interino Eduardo Casal.

La causa se originó a partir de una denuncia presentada por el diputado Horacio Pietragalla, quien solicitó que se investigue a Bullrich por presuntos delitos de apremios ilegales y abuso de autoridad en relación con el operativo desplegado el 4 de septiembre de 2024 en los alrededores del Congreso.

Ese día, organizaciones sociales se movilizaron contra el veto presidencial a la Ley de Movilidad Jubilatoria. Las fuerzas federales aplicaron el protocolo antipiquetes para liberar el tránsito y durante la jornada se produjeron enfrentamientos y varios heridos, entre ellos periodistas que cubrían la protesta.

El conflicto de competencia entre tribunales

Al recibir la causa, el juez Martínez De Giorgi consideró que el planteo estaba vinculado con la validez de la resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad -que estableció el protocolo de actuación ante cortes de circulación- y por ese motivo declinó su competencia a favor de la justicia nacional, que ya había intervenido previamente en un expediente iniciado como acción de hábeas corpus preventivo.

Sin embargo, desde el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 28 se rechazó esa declinatoria al señalar que el objeto de aquel expediente era distinto, ya que se trataba de una acción declarativa de certeza y no de una denuncia por delitos de acción pública. También se sostuvo que las reglas de conexidad no se aplican entre jueces de distintos fueros y que la investigación sobre la conducta de una ministra nacional por actos vinculados a su función corresponde a la justicia federal.

Ante ese conflicto de competencia, el caso llegó al máximo tribunal. En su dictamen, el procurador Casal consideró que los argumentos del juez de instrucción de la justicia nacional ofrecían una respuesta correcta frente al planteo del juzgado federal, al señalar que las diferencias entre ambos expedientes impedían acumularlos o modificar las reglas de competencia.

Con ese criterio, la Corte Suprema resolvió hacer lugar al dictamen de la Procuración General y estableció que la investigación deberá continuar en el juzgado federal a cargo de Martínez De Giorgi.