La Libertad Avanza decidió desactivar la sesión especial convocada por la oposición para este martes en la Cámara de Diputados con una maniobra parlamentaria: el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales citó al cuerpo para la semana próxima con el objetivo de comenzar a debatir una eventual interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La jugada fue diseñada por el presidente de la Cámara, Martín Menem, y apunta a quitarle sentido político a la sesión impulsada por la oposición, que de todos modos no contaría con los números necesarios para prosperar.

Desde el oficialismo sostienen que la oposición no tiene quórum para abrir la sesión y tampoco reúne los dos tercios requeridos para votar sobre tablas una interpelación a Adorni. Con la convocatoria de la comisión ya fijada, el tema quedó encauzado por la vía legislativa ordinaria.

El objetivo del miércoles

La maniobra persigue un segundo fin: despejar el camino para que la Cámara de Diputados pueda sesionar el miércoles, fecha que el Gobierno considera prioritaria.

La Casa Rosada necesita concretar esa sesión para avanzar con dos proyectos que considera impostergables: la aprobación del denominado super-RIGI, un régimen especial para grandes inversiones, y el pago de US$170 millones a los bonistas, cuyo vencimiento opera el 30 de junio.

En el oficialismo entienden que ambos temas no deberían quedar rehenes de la crisis política en torno a Adorni. La convocatoria a comisión les permite ganar tiempo y, al mismo tiempo, mantener abierta la posibilidad de sesionar el miércoles con agenda económica.

El costo político de sostener a Adorni

El caso Adorni dejó de ser exclusivamente un asunto judicial para convertirse en un problema político para el Gobierno. La continuidad del jefe de Gabinete ya impacta sobre la capacidad del oficialismo para ordenar mayorías y gestionar su agenda parlamentaria.

La semana pasada, la oposición había solicitado una sesión especial en Diputados para tratar la interpelación, aunque desde el comienzo admitía dificultades para reunir los apoyos necesarios. El principal obstáculo es reglamentario: para aprobar el tratamiento sobre tablas se requieren los dos tercios de los votos, y la oposición está lejos de alcanzar ese número.

La estrategia oficial se complementa con otra discusión que atraviesa el Congreso. Patricia Bullrich impulsa una interpretación reglamentaria que eleve la exigencia para habilitar el tratamiento de una eventual interpelación y que, en caso de no conseguirse los dos tercios, el expediente sea remitido a la Comisión de Asuntos Constitucionales, postergando el debate sin fecha definida.