El Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 7, a cargo de Sebastián Casanello, desestimó el pedido de restitución de 80.000 dólares y 2.000 euros a Diego Spagnuolo. El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se encuentra bajo investigación por presuntas irregularidades y sobreprecios en la adquisición de insumos médicos durante su gestión. 

Las divisas fueron incautadas durante un procedimiento realizado en el domicilio particular del exfuncionario en el marco de la investigación. Ante el rechazo de la devolución en primera instancia, la defensa de Spagnuolo interpuso un recurso de apelación. 

Ahora, la Cámara Federal de Apelaciones deberá revisar la medida y resolver si mantiene el embargo preventivo o hace lugar al reclamo del imputado. 

La defensa argumentó que el dinero no guarda relación con los hechos investigados, sosteniendo que los fondos permanecían en una caja de seguridad sin movimientos desde abril de 2023. Según este planteo, la existencia del efectivo es previa a la designación de Spagnuolo como funcionario público, lo que descartaría su origen ilícito en esta causa.

No obstante, el fiscal federal Franco Picardi dictaminó en contra de la entrega de los fondos. En su presentación, el representante del Ministerio Público Fiscal argumentó que existen "múltiples razones por las cuales la fiscalía entiende que, por el momento, corresponde rechazar las solicitudes formuladas por Diego Orlando Spagnuolo".

Picardi argumentó su rechazo en la complejidad de la estructura delictiva que se encuentra bajo investigación. Asimismo, subrayó que el resguardo del dinero es preventivo ante "las posibles penas pecuniarias y costas que podrían ser aplicables en el caso", lo que impide la liberación de los activos en esta fase procesal. 

En sintonía con la fiscalía, el juez Casanello sostuvo en su resolución que el patrimonio secuestrado posee relevancia jurídica para el proceso. El magistrado precisó que "el dinero secuestrado podría ser instrumento o producto del delito que se investiga en autos, resultando necesario para garantizar eventuales reparaciones económicas, penas pecuniarias y decomisos". 

La investigación penal se inició tras la filtración de una serie de audios donde presuntamente se escucha a Spagnuolo admitir el pago de sobornos y la adquisición de fármacos con sobreprecios. 

Los abogados defensores sostienen que las grabaciones son apócrifas y habrían sido generadas mediante herramientas de inteligencia artificial. Debido a esta impugnación, la Cámara Federal instruyó la realización de un peritaje especializado para determinar la integridad y autenticidad de los archivos de audio. 

El expediente cuenta actualmente con dieciséis personas imputadas, quienes fueron indagadas por su presunta participación en una asociación ilícita. 

En diciembre, la defensa de Spagnuolo presentó un informe pericial privado que indicaba un 65% de probabilidad de manipulación digital en los audios. Con este elemento, solicitaron el sobreseimiento del exfuncionario y el archivo de las actuaciones, pedidos que fueron rechazados por el juzgado de instrucción.