La Justicia dispuso habilitar la feria para hacer lugar a la medida cautelar que le ordena al Gobierno nacional la restitución de alimentos a los comedores, en una causa que involucra a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y al dirigente social Juan Grabois.

El pedido había sido formulado por la UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular), que dirige el propio Grabois. Fue el juez federal en lo contencioso administrativo Martín Cormick quien dio luz verde a la solicitud.

El fallo señala que habilita la feria al único "efecto de proseguir con la tramitación del cumplimiento de la medida cautelar resuelta en la causa".

Cormick consideró que “en el caso median circunstancias suficientemente excepcionales al efecto para tener por configurada la urgencia exigida" para habilitar la feria judicial.

 

 

De esta manera, la cautelar que había emitido antes el juez Walter Lara Correa se mantiene vigente y obliga al oficialismo a mantener los programas alimentarios.

En esa cautelar, el magistrado había fallado para que el Ministerio “no innove respecto de los planes y programas enunciados en los considerandos, los cuales deberán ser cumplidos de manera cabal, estricta y sin dilación o interrupción alguna”.

 

Causa alimentos: qué dijo la Justicia sobre el reparto a comedores y merenderos

 

La medida se refiere a unas cinco mil toneladas de alimentos que habían sido adquiridos por el Gobierno con la finalidad de repartirlos en las instituciones inscriptas en el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil (Renacom).

Con la llegada de la administración libertaria, el nuevo gobierno prefirió interrumpir el suministro para que la mercadería no pasara por las manos de las organizaciones populares y movimientos sociales que administran los comedores y merenderos.

De esa manera se acumularon más de cinco mil toneladas de alimentos, que el Ministerio de Capital Humano acopió en dos depósitos oficiales en las localidades de Villa Martelli, del conurbano bonaerense, y Tafí Viejo, en la provincia de Tucumán.

 

 

 

La UTEP reclamó a la Justicia que se procediera al reparto de los productos ya que en muchos casos se encontraban al borde de su vencimiento. 

El Gobierno insistió en que los reservaría para casos de emergencias y catástrofes, pero la Justicia hizo lugar a la cautelar. El juez federal Sebastián Casanello, además, exigió a la ministra Sandra Pettovello presentar un cronograma que fijara “de manera precisa” la fecha y la modalidad de entrega de esos alimentos. La apelación oficial fue desestimada por la Cámara Federal, que confirmó el fallo.

 

 

Además de la UTEP, también el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) había presentado una demanda con la misma finalidad.

En su petitorio, la organización social y el CELS habían pedido que la Justicia "ordene al Estado Nacional de manera preventiva que mantenga las políticas alimentarias vigentes y asegure su ejecución siempre que se verifiquen los requisitos normativos esenciales que deben reunir los destinatarios, hasta tanto se resuelva el presente proceso constitucional".