El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, protestó por lo que consideró una intromisión indebida del Poder Judicial en la política social del Gobierno, luego de que un fallo obligara al Ministerio de Capital Humano a presentar un plan de distribución de los alimentos destinados a comedores populares que habían sido retenidos por esa cartera.

"¿Quién se cree que es la Justicia? ¿No hay separación de poderes? La administración es del Ejecutivo", se quejó Francos en un reportaje radial concedido este jueves.

"¿Cómo pueden decirle al Ejecutivo en 24 horas presenten un plan para la distribución de alimentos? ¿Y si la política del Gobierno no es esa? ¿Y si esos alimentos están para situaciones de emergencia?", argumentó el funcionario en declaraciones a Radio Rivadavia.

 

 

Para Francos, la prerrogativa de decidir qué hacer con esos alimentos corresponde al Poder Ejecutivo y no es un tema judiciable. “¿A vos te parece que un juez federal de la Nación y una Cámara le puede decir al Poder Ejecutivo: 'mándenme el plan de distribución de alimentos'?", insistió.

De esa manera, el ministro coordinador salió al cruce del juez federal Sebastián Casanello, que ordenó a la ministra Sandra Pettovello presentar un cronograma que detallara “de manera precisa” cuándo y en qué comedores se distribuirían las cinco mil toneladas de alimentos para ayuda social guardados por esa cartera. Su existencia había sido revelada por el referente social y exprecandidato presidencial Juan Grabois, quien hizo la denuncia a la Justicia.

 

 

Los productos, algunos de ellos cerca de vencerse, se encontraban en sendos galpones de Villa Martelli, localidad del conurbano bonaerense, y Tafí Viejo, provincia de Tucumán. Tras el fallo judicial, el Gobierno celebró un convenio con la fundación Conin para que supervisara su entrega, con la colaboración logística del Ejército.

Aun así, la respuesta que había pedido Casanello no llegó al juzgado dentro de las 72 horas fijadas por el juez y este lo informó a la Cámara Federal, para que evalúe si desde el Gobierno se incurrió en la figura de desacato.

 

Crisis por el reparto de alimentos: renuncias en el Ministerio de Capital Humano

 

La crisis desatada por ese fallo judicial se profundizó luego de que se supiera que una ONG, la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), colaboraba en la compra de esos alimentos (a cargo de una comisión) y que también subvencionaba los sueldos de algunos empleados del Ministerio. Eso motivó que la propia ministra, Sandra Pettovello, le pidiera la renuncia al secretario de Niñez y Familia, Pablo de la Torre (encargado de la relación con OEI) y elevara una denuncia judicial para aclarar los sucesos.

 

 

Según explicó el jefe de Gabinete, esos fondos se utilizan para financiar "personal en el sector público mientras todavía no está designado".

"Hubo una denuncia sobre ese tema y eso fue a la Oficina Anticorrupción. Ese organismo le dijo a Pettovello que tenía que presentarla en la Justicia y fue lo que hizo. No hay ahí, hasta el momento, la demostración de un ilícito", opinó Francos al respecto.

La situación derivó en una fuerte crisis en el interior del Ministerio de Capital Humano, ya que muchos funcionarios que responden a Pablo de la Torre presentaron su renuncia, en solidaridad con el desplazado. Esto significó también una recomposición interna del reparto de poder en un ministerio cuyo tamaño le está jugando en contra a Sandra Pettovello.