El oficialismo inició negociaciones con bloques dialoguistas para intentar destrabar el tratamiento de la Ley de Propiedad Privada, un proyecto que modifica el régimen de compra de tierras, introduce cambios en barrios populares y redefine normas sobre desalojos y manejo del fuego.

Según fuentes parlamentarias, aún no están garantizados los votos para firmar dictamen ni para aprobar la iniciativa en el recinto, por lo que el Gobierno buscará consensos con legisladores de la Unión Cívica Radical, el PRO y fuerzas provinciales. La falta de acuerdos también retrasa la convocatoria al plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General del Senado, donde debe discutirse el proyecto.

Uno de los puntos centrales del proyecto es la eliminación del límite de 1.000 hectáreas para la compra de tierras por parte de extranjeros, establecido por la Ley 26.737 sancionada en 2011.

La iniciativa propone levantar esas restricciones y mantener controles únicamente cuando intervengan Estados extranjeros o entidades vinculadas, con el argumento de resguardar la soberanía.

Objeciones de la oposición

Sin embargo, sectores dialoguistas plantean objeciones. Coinciden en revisar el esquema actual, pero rechazan una apertura sin límites cuantitativos, especialmente en provincias con territorios estratégicos. Otro eje de conflicto es la modificación de la Ley 27.453. El proyecto plantea limitar las expropiaciones de tierras destinadas a la regularización de barrios populares y eliminar la suspensión de desalojos vigente por diez años.

Además, deroga artículos clave que establecían mecanismos de acceso a la propiedad y reduce la participación de organizaciones sociales en obras, al suprimir el 25% de cupo destinado a estos espacios.

Desde distintos bloques advierten que estos cambios podrían derivar en un aumento de desalojos y dificultar la regularización dominial, mientras que el Gobierno sostiene que la normativa vigente no logró resultados significativos en términos de titularización de tierras.

La iniciativa también introduce un nuevo esquema de desalojos con plazos abreviados, que reduce de 10 a 3 días la intimación por falta de pago y establece un proceso más rápido para ejecutar la restitución del inmueble.