Diputados dio media sanción del proyecto para crear un nuevo régimen penal juvenil -que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años- y ratificó el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

Respecto a la baja de la edad de imputabilidad, el oficialismo consiguió el apoyo de sectores aliados y lo consiguió con 149 votos afirmativos y 100 negativos. 

Después, se llevó adelante el debate del entendimiento entre Mercosur y la UE, que tuvo 203 votos afirmativos y apenas 42 negativos, una diferencia muy grande.

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Baja de la edad de imputabilidad

El proyecto fue acompañado por La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y otros bloques provinciales, mientras que Unión por la Patria y el Frente de Izquierda lo rechazaron con fuertes críticas.

Además de fijar la imputabilidad desde los 14 años, el proyecto prevé sanciones alternativas a la prisión, la separación de menores y adultos en los lugares de detención y medidas de resocialización. Elimina la prisión perpetua para menores y establece un máximo de 15 años. Para delitos con penas menores a tres años descarta la cárcel, y para aquellos con penas de entre tres y diez años -sin resultado de muerte o lesiones graves- prioriza sanciones con enfoque social y educativo.

También incorpora una partida presupuestaria exigida por los dialoguistas: más de $20.000 millones para la Defensoría General y más de $3.000 millones para el Ministerio de Justicia.

Acuerdo Mercosur-Unión Europea

El dictamen se firmó en un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y de Mercosur, impulsado por el oficialismo y acompañado por aliados. El texto, de 5.000 páginas, ratifica el entendimiento que elimina aranceles para más del 90% de las exportaciones del Mercosur y reduce barreras para bienes industriales y tecnológicos europeos.

Finalmente, cerca de la medianoche, reunió 203 votos positivos y apenas 43 negativos.

El acuerdo fue suscripto el 17 de enero en Asunción con la presencia de Javier Milei y sus pares de Paraguay y Uruguay, mientras que Lula da Silva estuvo ausente. Aún no puede aplicarse porque el Parlamento Europeo pidió su revisión por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, un proceso que podría demorar meses o hasta dos años, aunque la Comisión Europea podría implementarlo de manera provisoria.

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