El proyecto de Presupuesto 2026 del Gobierno de Javier Milei prevé que los jubilados y pensionados mantengan los haberes con ajustes mensuales por inflación, tal como establece el decreto presidencial al respecto, al no contemplar incrementos extraordinarios. Tampoco prevé modificaciones en el bono de $70.000, “congelado” desde marzo de 2024.

La iniciativa, que deberá ser debatido en el Congreso, impactaría en los 6 millones de adultos mayores a los que les paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), de los cuales la mitad percibe la jubilación mínima, que se encuentra en $333.085,39 sin incluir el bono, con el cual asciende a $403.085,39.

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El proyecto prevé $65,7 billones para pagar los haberes del sistema previsional y $5,3 billones para Pensiones No Contributivas (PNC), además de $3,6 billones destinados al PAMI.

Al presentar la iniciativa por cadena nacional, Milei anunció que las partidas previsionales tendrán un incremento nominal del 5%, pero esa suba no se traducirá en un aumento real para los beneficiarios, debido a que el esquema seguirá regido por ajustes mensuales atados a la inflación oficial.

El oficialismo intentaría aprobar el Presupuesto 2026 en sesiones extraordinarias. El final de las ordinarias está previsto para el 30 de noviembre, en tanto que el Gobierno llamaría a extraordinarias con el fin de que se desarrollaran entre el 10 y el 31 de diciembre. Sería la primera convocatoria legislativa del oficialismo tras las elecciones de medio término.

Recaudación y gasto previsional

El proyecto de Presupuesto 2026 estima una recaudación por aportes y contribuciones de la Seguridad Social equivalente al 4,4% del Producto Bruto Interno (PBI), con un crecimiento proyectado del 3,3% interanual respecto de 2025.

Como fuentes complementarias, el sistema previsional contará con el 28,61% del Impuesto a los Combustibles y la totalidad del Impuesto al Cheque, prevé el Gobierno. Según la Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC), el último tributo representa 1,6% del PBI, siendo "el recurso con afectación específica de mayor peso dentro de los ingresos totales de la ANSES".

El bono que se paga para completar los haberes mínimos perdería peso dentro del gasto público, al pasar de 0,4% a 0,3% del PBI. De esta forma, el gasto en prestaciones contributivas y semicontributivas -jubilaciones por reparto y moratorias previsionales- alcanzará el 5,3% del PBI, cifra "ligeramente superior a la de los años previos", según detalló la OPC.